La senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso establecer como obligatorio para la autoridad sanitaria emitir el certificado de muerte fetal y el derecho de los progenitores o persona a cargo, a decidir sobre el destino final del mismo.

A través de una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD destacó que desde el Senado se ha abordado el tema de la violencia obstétrica bajo la perspectiva de los derechos humanos.

Explicó que este tipo de violencia se trata de actos u omisiones donde confluyen la violencia de género y la violencia institucional por parte del personal médico que causa daño físico o psicológico a las mujeres durante el embarazo, parto o post parto.

Cuéllar Cisneros subrayó que dentro de esta definición, puede colocarse el escenario en que una mujer pierde al feto y no se le informa a ella o alguno de sus familiares sobre el destino final del mismo.

“Éste es un acto de autoridad que cada vez se está haciendo más común, pues tenemos conocimiento que a muchas mujeres que han estado bajo esta situación no se les entrega un certificado de muerte fetal, ni mucho menos se les informa del destino final del mismo, en su lugar se les dan argumentos falaces y alejados del respeto que debe guardarse para una mujer que acaba de perder un hijo”, argumentó.

Advirtió que incluso se llega a persuadir a las mujeres y familias para que “eviten gastos” y que “es mejor olvidar lo ocurrido”, y esperar otro momento para “volverse a embarazar”.

La legisladora por Tlaxcala sostuvo que esta forma de violencia hacia las mujeres no puede ni debe pasar desapercibida y si bien la Ley de Salud establece en su artículo 391 define a los certificados de defunción y muerte fetal como los dos modelos para certificar las muertes, no obstante la práctica que cada vez más se generaliza es no expedirlos.

“Y por lo tanto, sin posibilidades de inhumación o, al menos, el hacer del conocimiento a los progenitores del destino final del mismo, que en muchas ocasiones es desechado junto a otros desechos hospitalarios, haciendo de lado lo establecido en la Ley en términos de trato digno, respetuoso y considerado.

Lorena Cuéllar comentó que la muerte fetal es un serio problema de salud y una tragedia para las familias, que además es un incuestionable indicador de la calidad en la atención prenatal y el trabajo obstétrico.

“Para disminuir la muerte perinatal es necesario brindar una buena atención primaria a la mujer embarazada y su consecuente seguimiento. La muerte fetal debe asociarse con la causa para brindar un consejo apropiado y oportuno durante la gestación”, agregó.

Reiteró que estamos frente a una situación que puede llegar a violentar los derechos de las mujeres a la salud, a la integridad personal, a no ser sometidas a tortura psicológica ni a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Se trata de una experiencia que pasa por el derecho a la información, a vivir libres de violencia, y el derecho a la vida privada mismos que están reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano”, agregó.

En ese sentido, la iniciativa plante en el artículo 350 BIS-6 de la Ley General de Salud, que conforme a lo establecido en el artículo 391 de la misma y la reglamentación correspondiente, la autoridad deberá expedir el certificado de muerte fetal, que deberá ser presentado ante el registro civil para que los progenitores o disponentes decidan sobre el destino final del mismo.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.

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