· Quienes roban el dinero de la gente, no deben quedar libres por fallas en la ley, señaló.
Con el fin de imponer penas más severas a funcionarios públicos que roben el dinero de los ciudadanos e impedir que eludan la acción de la justicia, el senador panista Juan Fernández Sánchez-Navarro presentó dos iniciativas, una que reforma el artículo 19 constitucional y otra el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer posible la prisión preventiva en casos de enriquecimiento ilícito.
“No podemos quedarnos cruzados de brazos ante los múltiples casos de corrupción en el país. No podemos permitir que delincuentes de cuello blanco sigan saqueando al pueblo y queden libres, con solo pagar una fianza; por eso, presento esta reforma para que el enriquecimiento ilícito sea castigado con todo el peso de la ley y ningún corrupto se escape por fallas en la misma”, señaló el representante popular de Baja California Sur.
Frecuentemente, dijo, se difunden en los medios de comunicación diversos casos de servidores públicos de varios estados de la República, como Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y, en especial, de Veracruz, que son acusados de corrupción y, en específico, por enriquecimiento ilícito.
Por lo anterior, Fernández Sánchez Navarro presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, en su artículo 224, y al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, así como la que reforma artículo 19 constitucional en materia de enriquecimiento ilícito.
Actualmente, para sancionar este delito se establece un monto de 5 mil veces el salario mínimo; es decir, $377,450 pesos. Si el enriquecimiento ilícito no excede dicho monto, la sanción es de tres meses a dos años de prisión y de treinta a 100 días de multa. Si es mayor, la sanción es de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa.
La propuesta del Senador de Acción Nacional es elevar la pena de 2 a 5 años de prisión y de 100 a 150 días multa, cuando no se exceda el monto establecido y cuando sí ocurra, la pena será de 5 a 15 años de prisión y de 150 a 600 días multa.
La iniciativa establece que el enriquecimiento ilícito debe ser incluido en el listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentran el homicidio doloso, el genocidio, la violación y el tráfico de menores, entre otros, enlistados en el artículo 19 de la Constitución.
“México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad, que mide el Índice Global de Impunidad (IGI). La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana, de acuerdo con encuestas nacionales del INEGI”, abundó Juan Fernández.
Añadió que de acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad en México, la corrupción es uno de los culpables de la caída de la productividad y la competitividad, de la desigualdad persistente e, incluso, de la seguridad regional.
Además, indicó que el informe del Índice de Competitividad 2015, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estima que el costo de la corrupción para la economía nacional representa hasta un 5% del PIB.
“Desafortunadamente, prevalece la impunidad, pues resulta común que los acusados por estos delitos fácilmente se sustraigan de la justicia, desapareciendo del país, para evitar la pena correspondiente o, mediante trucos, legales evadan sus responsabilidades. Esta situación provoca altos niveles de inconformidad en la población, aumenta la desconfianza y el repudio de los ciudadanos hacia todos sus representantes y eleva los niveles de corrupción que afecta a nuestro país”, concluyó Juan Fernández.
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