La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza solicitó al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, acudir a una reunión de trabajo con legisladores para abordar la situación de crisis en materia de seguridad que enfrenta esa entidad federativa.

Al presentar un punto de acuerdo en el Pleno del Senado, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que la situación que se padece hoy en día en esa entidad federativa es alarmante.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, refirió, Guerrero reporta luces rojas en los rubros de homicidios y robo a vehículo con 165 y 425 eventos reportados sólo en enero de 2017.

Además, agregó, hay luces amarillas sobre los delitos de secuestro, extorsión, robo a negocio, lesiones y violación.

Gómez del Campo Gurza afirmó que, “pese a que el fin de semana pasado el gobierno guerrerense puso en marcha un nuevo operativo en zonas con problemas de inseguridad, el saldo de la violencia fue de 19 personas asesinadas”.

La situación, dijo, es de tal magnitud que, a inicios del mes de marzo de 2017, el denominado “Movimiento de Autodefensas por la Paz de San Miguel Totolapan” anunció la intensificación de sus protestas e informó que 108 escuelas entrarían en paro y no darían clases hasta que se garantice la seguridad, al tiempo que demandaron la captura de la banda de “Los Tequileros” y su líder Raybel Jacobo de Almonte.

Además, comentó, la Confederación Patronal de la República Mexicana denunció que en lo que va del presente año, tan sólo en la capital, Chilpancingo, han cerrado 27 negocios por la inseguridad y la baja de las ventas.

También recordó que la Asociación de Empresas de Agua Purificada y Hielo de Chilpancingo, confirmó que sus agremiados son acosados, mediante secuestros y extorsiones, por las bandas delincuenciales que operan en esa capital, pues su dirigente denunció que, de septiembre de 2016 a marzo de 2017, se han reportado tres secuestros contra personas de ese sector.

El punto de acuerdo, suscrito también por los senadores Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.

 

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