* Pide Senadora por Tlaxcala crear un grupo de trabajo y seguimiento

CDMX.- Con el respaldo del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), la Senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que instruya a las dependencias de la Administración Pública que correspondan, a supervisar los centros de asistencia social del país que atienden a niñas, niños, adolescentes y adultos para prevenir tragedias como las sucedidas recientemente en Guatemala y anteriormente en México.  

En el mismo sentido, solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta la creación un grupo de trabajo conformado por las y los presidentes de las Comisiones Contra la Trata de Personas; Derechos Humanos; Niñas, Niños y Adolescentes; Grupos Vulnerables y Gobernación para que se garantice el seguimiento y acompañe dichas acciones de supervisión en los albergues, refugios y casas de medio camino, tanto públicos como privados que atienden a víctimas de trata de personas

La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, refirió que en México se han suscitado casos similares a los de Guatemala, en los cuales las omisiones de las autoridades para supervisar y actuar ante denuncias interpuestas por ciudadanos han generado hechos luctuosos y lamentables para la sociedad, con consecuencias difíciles de reparar, de ahí el punto de acuerdo aprobado como de urgente resolución.

“En el país hay casos similares que aún se mantienen en la impunidad, entre ellos, el de “Casitas del Sur” en el Distrito Federal y “La Gran Familia” en Michoacán, que no obstante denuncias de maltratos, abusos físicos y otros delitos como la trata de personas con fines de mendicidad forzada, prostitución forzada y adopciones ilegales, presentadas incluso 20 años atrás; hasta la fecha no hay claridad de que se haya hecho justicia para la víctimas, e incluso se desconoce el paradero de muchas de ellas”.

Por todo esto, dijo que es oportuna la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a los refugios tanto públicos como privados que atienden a víctimas de trata de personas; pues estos lugares están obligados a informar sobre las acciones y el destino de los recursos públicos y privados que reciben, así como los procesos de atención.

 

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