·      La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales.

 

·      El uso de una sustancia psicoactiva no necesariamente implica daños, por ende, tampoco implica uso nocivo, abuso o uso problemático.

La Senadora ciudadana subió a tribuna a exponer sus reservas al Dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal y centró sus argumentos en el Capítulo de Justicia Terapéutica.

Indicó que la política de prevención de riesgos y daños relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, así como la atención integral al uso nocivo o problemático de las mismas, no debería formar parte del catálogo de medidas penales.

Recordó que una modalidad de justicia terapéutica en nuestro país han sido los llamados Tribunales para el Tratamiento de Adicciones.  El Estado de Nuevo León, es un ejemplo de su instauración y los resultados no son muy halagadores.

Por citar un ejemplo, puntualizó que de enero de 2009 a mayo de 2012 se admitieron 103 casos, 68 de ellos por uso problemático de alcohol, y la mayoría por violencia familiar y accidentes. En tres años y medio de operación sólo se registraron 18 egresos certificados del programa, es decir, sólo 18 personas.

La justicia terapéutica se basa en una premisa no sólo endeble, sino sesgada: el consumo de drogas conduce directamente al delito. ¿Cuáles drogas, cuáles sustancias, qué delitos, cuál es el vínculo? No existe hasta el momento un estudio científico con datos objetivos, que respalden dicha premisa.

Por tanto antes de proponer como medida alternativa la Justicia Terapéutica se hace necesario contar con evidencia que sustente su viabilidad.

Tagle citó el discurso pronunciado por Enrique Peña Nieto, en la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016), en el que   propuso un decálogo a la comunidad Internacional y en el punto 7 estableció que:

“El consumo de drogas  debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad”.

Según el Informe Mundial Sobre las Drogas 2015, solo 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático o que sufren trastornos ocasionados por el consumo de drogas, es decir, el número de usuarios y usuarias que no presentan consumo nocivo es mayor.

El uso de una sustancia psicoactiva no necesariamente implica daños, por ende, tampoco implica uso nocivo, abuso o uso problemático. La dependencia a una sustancia psicoactiva implica riesgos, no necesariamente es un daño en sí.  “La dependencia es una condición orgánica de la persona que puede ser valorada en términos científicos y por supuesto médicos y terapéuticos”.

Es transcendental que para el diseño de la política integral de atención a dependencias, sean revisados los conceptos de consumo o uso, abuso y dependencia, reconociendo sus diferencias para brindar una atención especializada y focalizada.

Existe una serie de argumentos de por qué  el consumo de las drogas y el uso de las drogas no tienen que tratarse como un asunto penal, ni verse como  una alternativa a la justicia y que deben ser considerados para contar con una legislación que dé respuesta a la ciudadanía, concluyó la Senadora.

 

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