El senador panista Carlos Mendoza Davis presentó en tribuna una iniciativa de reforma constitucional y a su respectiva legislación reglamentaria, para conceder a las autoridades federales la facultad de atracción de delitos cuando sean cometidos contra turistas, y para incrementar las penas por delitos cometidos en contra de los visitantes nacionales y extranjeros.

La iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, genera un mecanismo de excepción a través del cual se faculta a las autoridades federales para conocer de ciertos delitos, que ya sea por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el desarrollo de la actividad turística en nuestro país, trascienden el ámbito de las entidades federativas sin que ello implique la debilitación del pacto federal.

De aprobarse la iniciativa en sus términos, se reforzarán las acciones que han comenzado a emprender algunas entidades federativas, como crear medios para dar una atención adecuada a la problemática en materia de seguridad turística y de protección de la vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de los turistas nacionales y extranjeros, explicó Mendoza Davis.

“Los derechos de los turistas deben ser especialmente garantizados, ya que diversas razones los colocan en situación de vulnerabilidad y blanco fácil de la delincuencia, entre las que se pueden mencionar el idioma o su cultura, así como el desconocimiento de las condiciones imperantes en el lugar que se visita, que por lógica suelen ser distintas a aquéllas en que el visitante está acostumbrado a desenvolverse por no ser su lugar de residencia habitual”, señaló.

En ese sentido, reiteró el legislador federal, es pertinente extender la facultad de atracción de la autoridad federal prevista en la Constitución para los casos de delitos cometidos contra turistas, en razón de su relevancia e impacto, así como su efecto en la imagen que se tiene del país a nivel internacional en materia de seguridad en el sector turístico.

La iniciativa de reforma constitucional se presentó en conjunto con otra que plantea reformar el Código Penal Federal, la Ley General de Turismo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos cometidos contra turistas “pues contiene modificaciones a la legislación secundaria que desarrollan la facultad de atracción de las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común cometidos contra turistas, así como del establecimiento de agravantes a esos delitos”.

Además se propone la reforma a la Ley General de Turismo para establecer que “sin perjuicio de las penas establecidas en la legislación penal aplicable para el tipo de delito que se cometa (…) cuando se cometa un delito doloso en contra de algún turista, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal ilícito.”

También, “se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además, el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones” y “se aumentará la pena hasta en dos tercios cuando además, la victima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.”

“El establecimiento de una pena más severa para los delitos dolosos cometidos en contra de turistas tiene como propósito desincentivar la comisión de dichas conductas que impactan negativamente en la percepción que se tiene del país como destino turístico, situación que a su vez deriva en una afectación al desarrollo del turismo, actividad primordial para la economía no sólo de las entidades federativas, sino del país en general”, indicó Mendoza Davis.

Con esto, agregó, se pretende colaborar con las políticas de seguridad integral en el turismo para proporcionar una experiencia satisfactoria y plena a los visitantes nacionales y extranjeros.

La iniciativa que plantea la reforma al segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional se turnó a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Turismo, y de Estudios Legislativos Primera, y la que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Turismo y del Código Nacional de Procedimientos Penales se turnó a las comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

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