El derecho a una alimentación de calidad debe ser tema prioritario para toda la sociedad y obligación ética que convoca y compromete, dijo la senadora Lisbeth Hernández Lecona durante la entrega de las conclusiones del texto “El derecho a la alimentación en México: recomendaciones de la sociedad civil para una política pública efectiva”, a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, de la que es secretaria.

En el auditorio Octavio Paz, en donde se hizo la presentación de la citada compilación de investigaciones en la materia, la legisladora por Morelos añadió que para hacer frente a la crisis alimentaria del país, es básica la interacción interdisciplinaria que conduzca a legislar al respecto, así como la implementación de políticas públicas que conlleven a la superación del hambre y la pobreza en la que viven millones de mexicanos.

Conforme a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, informó la senadora Hernández Lecona, en 2010 más de 28 millones de personas no tuvieron acceso a una alimentación adecuada, y de éstos, 7.4 millones se situaban en pobreza extrema.

El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, conforme lo marca la propia Constitución, y en este sentido, los legisladores tienen el compromiso de reglamentar la garantía hasta alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.

Asimismo, añadió, con la concurrencia de todos los sectores involucrados, se deben buscar soluciones con un enfoque transversal e integral que permitan al mismo tiempo enriquecer los modelos y patrones de producción, abasto, acceso y consumo de alimentos.

La senadora Lisbeth Hernández reconoció que falta mucho por hacer, ya que no sólo se trata de ejercer el derecho de los mexicanos a una alimentación de calidad, sino influir en la puesta en marcha de políticas públicas para lograrlo.

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