Número-358 

• Más de 50 por ciento de la población recluida presenta problemas de adicción, 94 por ciento son hombres y 6 por ciento mujeres, indica la diputada Idalia Reyes.

Con el fin de garantizar la cobertura universal de programas de prevención, tratamiento de adicciones y desintoxicación voluntaria al interior de los centros de detención federal, estatal y municipal, la diputada Idalia Reyes Miguel presentó, en la Comisión Permanente, un proyecto de decreto para adicionar una fracción III al artículo 192 quáter de la Ley General de Salud.

En la iniciativa, la legisladora del Grupo Parlamentario Morena señaló que al interior de los penales del país el problema de las adicciones es muy grave; por lo que propone crear un sistema de registro actualizado de la población farmacodependiente y de sus necesidades de tratamiento y desintoxicación, en dichos lugares.

Refirió que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2018, más de 50 por ciento de la población recluida presentaba problemas de adicción, 94 por ciento en los hombres y 6 por ciento en las mujeres. La mayoría entre 26 y 45 años, donde las sustancias más utilizadas en prisión son mariguana, cocaína, solventes, metanfetaminas, crystal y heroína.

Informó que el 56.6 por ciento de los recluidos afirmó haber consumido algunas sustancias en las seis horas anteriores a la comisión del delito por el que se le procesó.

Datos de la Encuesta Nacional de Consumo, Uso y Abuso de Sustancias Psicoactivas en los Centros de Internamiento Especializados para Adolescentes indica que en los 55 Centros de Tratamiento Interno, el 98 por ciento había consumido drogas, incluido alcohol y tabaco, previo a su ingreso al centro de tratamiento y 40 por ciento habían cometido el delito por el cual fueron internados, bajo los efectos del alcohol y/o alguna otra droga.

Además, abundó, la mitad de esos adolescentes inició su consumo de sustancias adictivas a los 13 años o menos y sus principales drogas de inicio fueron mariguana, alcohol, tabaco y solventes inhalables.

Como podemos observar, comentó la legisladora, una porción importante de la población recluida era consumidora de sustancias adictivas antes de ingresar a los centros de detención.

El encierro, apuntó, genera mayor vulnerabilidad en los individuos hacia las adicciones, aumentando la disposición de quienes ya eran consumidores y propicia el inicio en el consumo de quienes no lo eran.

La diputada por Guerrero denunció que muchos incidentes en prisión están relacionados con el uso de drogas como automutilación, suicidio, homicidio, riñas y motines.

Dijo que la información que se tiene respecto del consumo de sustancias adictivas al interior de las prisiones mexicanas es escasa, dado que en la mayoría de los casos no se les aplica un examen exhaustivo a los internos para identificar a los consumidores y los tratamientos específicos que se requieren.

Lo que significa, agregó, que en muchos centros de detención no hay registros actualizados de la población farmacodependiente, de tal manera que el fenómeno es incierto.

Reyes Miguel señaló que a pesar de los esfuerzos institucionales desarrollados en torno a la problemática, la evidencia empírica indica que existe un alto número de internos que padecen adicciones y que no tienen acceso a un tratamiento.

Informó que el Diagnóstico Nacional sobre los Servicios Penitenciarios indica que en 30 por ciento de los centros de detención no existe algún programa para la prevención de adicciones y en el 40 por ciento se carece de un programa para la desintoxicación voluntaria.

Indicó que del total de la población femenina recluida en las prisiones mexicanas y que fue identificada como farmacodependiente, el 30.9 por ciento no ha recibido ningún tipo de tratamiento de rehabilitación y en los centros para adolescentes se observa la ausencia de programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación en 25 de los 56 existentes.

Insistió que la ausencia de programas adecuados vulnera el derecho a la protección de la salud y dificulta la reintegración social y familiar de los internos y desestima la oportunidad de encauzar por un camino saludable a los internos ayudándolos a lograr una rehabilitación y una reinserción adecuada.

La iniciativa con proyecto de decreto, fue turnada directamente a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y análisis.