Número-354

  • Los primeros momentos de una desaparición son cruciales, por lo que la Alerta Ámber resulta limitada al operar 72 horas posteriores a la denuncia: diputada Garza Gutiérrez.

 

La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez presentó en la Comisión Permanente un punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los mecanismos de alerta temprana de búsqueda urgente de menores y que se prioricen las acciones para prevenir la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes.

 

La legisladora del Partido Encuentro Social también pidió realizar un exhorto para que se concluya el Proyecto de Protocolo Homologado de Búsqueda en el territorio nacional.

 

Señaló que los menores representan un grupo poblacional vulnerable, cada día desaparecen cuatro niñas, niños o adolescentes y asesinan a tres, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

 

Para contribuir a combatir la impunidad del delito, apuntó, es necesario simplificar los procedimientos existentes para la búsqueda de personas, como es la activación del Protocolo de la Alerta Ámber, la herramienta que se utiliza en México desde 2012.

 

La alerta ha ocasionado inconformidades entre los familiares y personas cercanas de menores desaparecidos, ya que los Ministerios Públicos de la mayor parte del país, permiten su aplicación después de transcurrir 72 horas a partir de la denuncia, además de que se incluyen criterios que no en todos los casos de menores desparecidos aplican, detalló la diputada.

 

Esto demuestra que la eficiencia de la Alerta Ámber es limitada, al no considerar debidamente que desde el momento en el que se desconoce el paradero de un menor, las primeras horas de búsqueda, son las más importantes, advirtió.

 

En ese sentido, destacó, que solo en la Ciudad de México se ha determinado aplicar la alerta de forma inmediata.

 

“La desaparición de menores es un hecho preocupante que debe motivar la acción inmediata de las autoridades, pues lo que debe prevalecer es el Estado de Derecho, la verdad y la inteligencia estratégica para encontrar el paradero de la víctima”, expresó la legisladora en el punto de acuerdo.

 

Hasta diciembre del 2019 las autoridades se encontraban en la búsqueda de 11 mil 72 menores, de acuerdo con el Informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.

 

Es necesaria la capacitación para los funcionarios públicos que se encuentran a cargo de acciones dirigidas a la búsqueda de menores desaparecidos, concluyó.

 

El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente del Congreso.