Número-228 

• Hacienda y CNBV confirmaron que los bancos tendrán facilidades regulatorias para diferir pagos sin que implique cambios en las reglas para la clasificación de las carteras, señala Muñoz Castillo.

Con el objetivo de generar condiciones para que personas y empresas que suspendieron, por la emergencia sanitaria, sus pagos a las instituciones financieras y crediticias conserven una buena calificación y no sean referidas al buro de crédito, la diputada María Alemán Muñoz Castillo propuso un proyecto de decreto para adicionar un artículo 23 Ter a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

La legisladora del PRI Indicó que con esta Iniciativa se busca crear mecanismos para que los negocios no estén en la incertidumbre mientras logran estabilidad en sus empleos y puedan continuar con el pago de sus créditos, sin que estén en el registro crediticio por falta de pagos.

A decir de Muñoz Castillo, la adecuación permitirá que no se registren incumplimientos en los créditos por causas de fuerza mayor que afecten o puedan afectar a todo el universo de clientes, como en el caso de contingencias sanitarias o desastres naturales declarados para todo el país y que afecten la economía en México.

Se podrá, insistió, realizar en todo caso una clave de observación que señale el plazo de la justificación de la suspensión de pagos, que será como mínimo el tiempo que dure la contingencia en el país más 90 días, sea pactada o no dicha suspensión entre el cliente y el otorgante del crédito, siempre y cuando la clave de observación no afecte a las personas para la obtención de nuevos créditos.

La diputada priista recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), advirtió que la pandemia del Coronavirus ha tenido efectos devastadores sobre la economía de los países.

Indicó que el organismo internacional señaló que los gobiernos han tomado medidas económicas, fiscales y monetarias, que implican aumentar el gasto social, bajar las tasas de interés, intervenir los mercados de tipo de cambio, suspensión de cobros de créditos bancarios, provisión de líneas de crédito para el pago de los salarios de las compañías y acciones para evitar el desabasto de bienes básicos, entre otras.

En México, dijo, no se ha llevado una estrategia consolidada en todos los ámbitos de gobierno, las medidas en la economía, que en su mayoría corresponden a la Federación, no se han querido adoptar, dejando sin rumbo el futuro económico del país.

Referente a la suspensión de cobros de créditos bancarios, en un comunicado conjunto la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, confirmaron que los bancos tendrán las facilidades regulatorias para diferir los pagos sin que ello implique cambios en las reglas para la clasificación de las carteras, señaló Muñoz Castillo.

Al indicar que sólo algunos bancos otorgaron la suspensión de cuatro meses para el pago de los créditos, señaló que los efectos por incumplir podrían perjudicar aún más la estabilidad económica de los usuarios, de los servicios financieros y de aquellos servicios básicos que también son reportados en el Registro Crediticio y Buró de Crédito, a través de una Sociedad de Información Crediticia.

En México, apuntó, la pandemia constituye una causa de fuerza mayor que ha obligado a las personas a cumplir con sus pagos y a realizar acuerdos de suspensión con las entidades financieras que así lo ofrecieron, pero debe reforzarse con la eliminación de las consecuencias como el registro en el Buró de Crédito para que las empresas y personas puedan recurrir a nuevos créditos.

Con la iniciativa, insistió, se pretende que el aplazamiento en los pagos se dé en los meses siguientes al vencimiento del plazo otorgado y que el atraso no sea causa de un mal historial crediticio.

El proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Ter a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, se turnó directamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.