Número-193 

  • Bertha Caraveo solicita que la asignación de recursos se otorgue de acuerdo a los municipios donde más contagios y defunciones se hayan registrado.

La senadora, Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, planteó a la Comisión Permanente hacer un llamado al Gobierno de Chihuahua para que transparente la ejecución y distribución de los recursos públicos del Plan Emergente de Apoyo y Protección de la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar, a fin de verificar que se distribuyan en los territorios del estado más afectados por la pandemia, como es Ciudad Juárez.


La senadora señaló que la asignación de dichos recursos sea otorgada bajo el criterio de proporcionalidad, de acuerdo a los municipios donde más contagios y defunciones se hayan registrado y Ciudad Juárez está en primer lugar, sin olvidar a Nuevo Casas Grandes y zonas con presencia de grupos vulnerables como Creel, San Juanito y pueblos aledaños.

Se refirió a la información publicada por un medio digital del norte, en la que autoridades estatales señalaron que el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar, destinó mucho más recursos a Chihuahua capital (111 millones de pesos), que a Juárez (63 millones de pesos), a pesar de que en esta localidad existen más contagios y el 81 por ciento de los decesos de toda la entidad.

La senadora Caraveo dijo que en las diferentes páginas del gobierno, no aparecen los datos y criterios para la asignación y ejecución de esos recursos. Insistió al Ejecutivo del estado del norte del país, apegarse a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua.

En el mismo punto de acuerdo, la legisladora por Chihuahua requiere un informe detallado de las acciones del gobernador Javier Corral Jurado, en relación a la atención y protección a los derechos humanos, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la población, como son las mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes y trabajadoras de las maquilas estacionadas en la ciudad fronteriza.

El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso.