Número-065 

• Con el fin de evitar conflictos familiares o con terceros, señala la diputada Roselia Pérez, del PT.

La diputada Roselia Pérez Jiménez se pronunció porque los 32 Congresos estatales armonicen las legislaciones locales a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, para obligar a las notarías y notarios públicos a asesorar a ese sector vulnerable sobre la realización de sus testamentos, con el fin de evitar conflictos familiares o con terceros.

Al presentar una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la citada legislación reglamentaria, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo señaló que hoy día, nuestro país presenta un acelerado incremento de la población en edad avanzada.

En las proyecciones de población 2016-2050 del Consejo Nacional de Población (Conapo), añadió, se prevé que el crecimiento total de la población seguirá siendo positivo, pero con una dinámica constante y con un incremento en las entidades de 65 y más años de edad.

Con base en ello, dijo, el Estado mexicano debe efectuar una planeación más apegada a las crecientes exigencias de este grupo, no solo desde el enfoque presupuestal sino desde una perspectiva de derechos humanos, a fin de crear condiciones de vida dignas para ellos.

Recordó que este sector goza de derechos establecidos en la Constitución Política, pero es lamentable confirmar que las personas adultas mayores sean frecuentemente discriminadas, abandonadas y despojadas, incluso por su propia familia, porque no se ha comprendido que la vejez es parte del ciclo de vida de los seres humanos y que es un proceso irreversible, tendente a mermar las capacidades de las personas.

Entre los problemas que más afectan a los adultos se relacionan con la pobreza, ingresos insuficientes por falta de empleo o pensiones escasas; otros relacionados con la política pública espacios no accesibles, inexistencia de albergues y casas hogar con recursos insuficientes.

También, agregó, son víctimas de despojo patrimonial por parte de sus hijos, familiares o de terceros que se aprovechan de su condición, quienes de manera ventajosa, con dolo, coacción o abuso de confianza, los obligan a cederles derechos de propiedad de bienes muebles e inmuebles mediante un contrato traslativo de dominio, tales como la compraventa, la donación o la permuta.

La legisladora Pérez Jiménez remarcó que con su iniciativa procura dar certeza jurídica en el patrimonio de los adultos mayores, a partir de garantizarles asesoría notarial especializada y no dejarlos en estado de indefensión, así como evitar conflictos entre sus herederos y/o terceros.

La propuesta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.