Número-178

• Los aspirantes habían sido propuestos desde el 2017 por el entonces titular del Ejecutivo.

El Pleno de la Comisión Permanente decidió no ratificar a los cinco aspirantes a ocupar los cargos de Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De los 18 aspirantes propuestos originalmente, 13 declinaron a la candidatura y uno más no se presentó a la comparecencia, lo cual dejó a cinco candidatos. Estos, fueron descartados por el Pleno.

Los no ratificados son: Álvaro Castro Estrada y María Zaragoza Sigler, quienes buscaban ocupar, durante 15 años, un lugar en la Sala Superior; y Verónica Aguilera Orta, Luis Eduardo Iturriaga Velasco y Marco Antonio Palacios Ornelas, para la Sala Regional durante 10 años.

Cabe recordar que el décimo tribunal colegiado en materia administrativa resolvió que el Senado, o en su defecto la Comisión Permanente, debía retomar y concluir el proceso de designación de los magistrados anticorrupción, proceso que estancado desde 2017, cuando el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, mandó sus designaciones.

Al presentar el dictamen, el senador Raúl Paz Alonzo, presidente de la Primera Comisión, señaló que los aspirantes cumplían a cabalidad con lo establecido por la ley, por lo que a juicio y valoración técnica de los integrantes de la comisión, eran idóneos para ocupar dichos cargos.

Además, invitó a los legisladores a revisar detalladamente los perfiles de los candidatos, pues durante las comparecencias demostraron tener la trayectoria, la experiencia y los conocimientos que un magistrado anticorrupción debe poseer.

En su participación, la senadora Patricia Mercado indicó que desde el 2017 el Sistema Nacional Anticorrupción opera de manera incompleta. El combate a la corrupción, dijo, no cuenta con una instancia jurisdiccional apropiada. “Por ello es que MC votara a favor para dar por concluido este proceso, Esperaremos las nuevas propuestas que enviará el Ejecutivo para emprender en el Senado un proceso de revisión exhaustiva”.

A su vez, la diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que no contar con tribunales, tal como señala la Constitución para imponer las sanciones a delitos graves en materia administrativa relacionados con la corrupción, deja en estado de alta vulnerabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción.

José Alejandro Peña Villa, de Morena, precisó que la anterior Legislatura incumplió el procedimiento para los nombramientos referidos. Su Grupo Parlamentario, dijo, tiene disposición de completar la integración del Sistema Anticorrupción, pero no retomando un proceso con vicios jurídicos de origen. Debemos transitar a un modelo eficaz de combate a la corrupción sin crear más burocracia y dispendio, agregó.

Finalmente, la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, “lamentó escuchar” que Morena votará en contra. Si no elegimos a los magistrados y magistradas anticorrupción, se da un paso más al autoritarismo y uno menos para combatir la corrupción, apuntó. El tema de fondo, añadió, es que no son sus incondicionales. Por eso los rechazan, dijo.

La Permanente desechó el dictamen presentado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia con 20 votos en contra, 11 en favor y una abstención.

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