Número-159
- Fue a través de un Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las dependencias federales competentes (Semarnat, Cofepris, Profepa, SCT y FGR) que de manera urgente investiguen las causas del derrame de ácido sulfúrico registrado en el Mar de Cortés, en la zona de Guaymas, Sonora, a fin de aplicar las sanciones que correspondan y resarcir el daño, así como realizar estudios para descartar riesgos a la salud humana y a los ecosistemas afectados.
Los hechos ocurrieron el 9 de julio del 2019, por parte de la empresa minera Grupo México.
El presidente de la Mesa Directiva, senador Martí Batres Guadarrama, ordenó a la secretaría dar lectura al asunto no inscrito en el Orden del Día, lo cual fue aprobado por el Pleno.
En los puntos resolutivos del acuerdo, se estableció:
Primero, la Comisión Permanente solicitó a la Semarnat, Cofepris y la Profepa que, de manera urgente, atiendan el derrame de ácido sulfúrico registrado en el Mar de Cortés, a la altura de Guaymas, Sonora, y realicen estudios que descarten riesgos a la salud humana y a los ecosistemas de la área afectada, así como estudios para determinar la causa, el debido deslinde de responsabilidades, la aplicación de sanciones y el resarcimiento del daño.
Segundo, el órgano legislativo instó a la SCT a que, a través de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, intervenga e investigue los alcances y responsabilidades de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, en el caso del citado derrame.
Tercero, requirió a las referidas dependencias que informen de los resultados de la investigación y las acciones realizadas para sancionar a los responsables, así como las acciones conducentes para el rescate de las zonas afectadas.
Cuarto, exhortó al titular de la Semarnat a continuar dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada por los daños provocados por Grupo México por el derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, en los ríos Sonora y Bacanuchi, y que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado “Río Sonora”.
Quinto, instó a la FGR a realizar las investigaciones conducentes a deslindar la responsabilidad penal por la posible comisión de hechos ilícitos con motivo del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, por parte de la Empresa Metalúrgica de Cobre S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México.
En los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, la diputada federal Claudia Reyes Montiel, del PRD, señaló que según testigos del percance, se derramaron más litros de los mencionados y no se hizo nada para tratar de resolver el problema. Al contrario, se buscó minimizarlo. Por tanto, exhortó a las autoridades competentes a que realicen las investigaciones y finquen las responsabilidades que correspondan.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, expresó que es necesario esperar a que las investigaciones de las autoridades ambientales concluyan para determinar la responsabilidad de Grupo México, por el daño ecológico ocasionado por este derrame “Nuestro trabajo nos exige actuar de forma continua para buscar alternativas que eviten un nuevo evento que dañe el medio ambiente”, apuntó.
La senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del PT, aseveró que no se puede permitir ni pasar por alto accidentes ambientales ocasionados por la negligencia de empresas como Grupo México. “Esta no es la primera vez. La empresa tiene un alto registro de 22 accidentes ambientales en los últimos años y en este es el segundo. Es inadmisible y no debe quedar impune”, advirtió.
La senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del PES, señaló que el Congreso de la Unión debe mejorar los marcos normativos de las mineras, pues no se debe permitir que sigan operando empresas que carecen de una gestión integral de riesgos, violan las normas oficiales mexicanas, precarizan las condiciones laborales de los obreros y se ven involucradas sistemáticamente en accidentes ambientales.
La senadora María Merced González González, de Morena, exigió tomar las medidas pertinentes para que dicha empresa reciba una sanción y se adopten las acciones necesarias para mitigar el daño ambiental ocasionado. “No permitiremos que esta ni ninguna otra empresa se burle y pase por encima de la legislación”, sentenció.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, solicitó a las secretarías de Marina y Semarnat informen qué acciones implementaron a consecuencia del derrame, relatando que al momento del incidente, en el caso de la Armada de México, rechazó aplicar el Plan de Emergencia en la zona afectada.
El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, sugirió: “estamos convencidos de la necesidad y urgencia de acciones por parte de las autoridades de la Secretaría de Medio y Recursos Naturales para que se determinen los daños causados por este derrame, así como el deslinde de responsabilidades correspondiente y, en su caso, sancionar a quienes resulten culpables”.
El diputado federal Tonatiuh Bravo Padilla, de MC, subrayó que es necesario combatir los nichos de impunidad de las principales empresas contaminantes y abogó por una verdadera transición hacía esquemas energéticos sustentables. “Este hecho no puede quedar impune, se debe priorizar la agenda medioambiental”, apuntó.
El Punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica y se ordenó su comunicación.
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