Número-207

• Consejo Nacional de Seguridad tiene obligación de crear políticas públicas que sancionen delitos que involucren identidad de género.

Con el objetivo de que durante procesos judiciales se garantice el respeto a los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI), la Comisión Permanente solicitó a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establecer un protocolo nacional homologado para la investigación policial ante casos que involucren orientación sexual o identidad de género.

De igual forma, solicitó al  Consejo Nacional de Seguridad Pública a establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, tendientes a prevenir y castigar los delitos que involucren orientación sexual o la identidad de género.

El objetivo es reforzar las medias para que personal de procuradurías y fiscalías adopten las medidas necesarias para que sea preservada la dignidad de las personas, independiente de su orientación sexual, atendiéndose sus necesidades según su expresión de género, y se resguarde su intimidad.

El dictamen aprobado  refiere que durante el Encuentro Nacional de Procuración e lmpartición de Justicia 2016,  destacaron los acuerdos entre fiscales y procuradores de justicia para la  elaboración de un Protocolo de actuación para la atención de los casos que involucren la identidad de género o la orientación sexual y la búsqueda de mecanismos de procuración de justicia homologados en toda la República, que consideren los contextos y especificaciones individuales de las víctimas.

Agrega que la Constitución establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

La Carta Magna apunta: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó 14 dictámenes más, relativos a justicia, transparencia y seguridad.