El senador perredista José Luis García Zalvidea propuso que los miembros de las Fuerzas Armadas que comentan delitos en contra de ciudadanos, siempre sean juzgados por tribunales civiles.

Aclaró que hay delitos que no se relacionan, en ningún caso, con los servicios que prestan miembros de las Fuerzas Armadas tales como tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ni las conductas abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del miembro de las Fuerzas Armadas con el servicio, y por ello, los tribunales civiles serán los competentes para conocer de estos asuntos, agregó.

Aseguró que las labores de seguridad pública están sobrexponiendo al Ejército a un desgate permanente que empieza a minar su credibilidad y reputación entre la sociedad.

Detalló que si bien es cierto que las Fuerzas Armadas son el último bastión institucional eficaz y confiable en la lucha contra la delincuencia organizada, la deserción de los militares y marinos, casos de corrupción, así como la cooptación de soldados y oficiales por el crimen son hechos sintomáticos de lo que sucede entre las filas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

García Zalvidea destacó que las cifras demuestran una clara relación entre el papel de las Fuerzas Armadas en las calles y un incremento en las violaciones a los derechos humanos.

“En los primeros dos años de la presente administración, las quejas contra militares en este tipo de violaciones se incrementaron de 183 casos reportados en 2006 a 1,230 en 2008. Es decir, 600 por ciento”, expresó.

En este sentido, recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla.

“Es un argumento fundamental para reformar el concepto del fuero militar y el alcance de la jurisdicción militar previstos en el artículo 13 de la Constitución”, afirmó.

Por ello, urge a adoptar reformas legislativas que compatibilicen la interpretación constitucional del artículo 13, así como el alcance del contenido establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, resaltó.

La propuesta del senador por Quintana Roo está contenida en la iniciativa que pretende establecer el decreto por el que se realiza la interpretación auténtica sobre la jurisdicción militar prevista en el artículo 13 de la Constitución, con relación al fuero militar y la justicia castrense.

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