altDurante el Foro sobre la Reforma Energética que organizan las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, el ex senador Juan José Rodríguez Prats advirtió que la reforma es muy sencilla porque no se tiene que agregar nada a la Constitución sino que se tiene que quitar del Artículo 27 lo referente a la prohibición de concesiones.

Al participar en la mesa de trabajo Energía y Competitividad, subrayó que Pemex no cuenta con tecnología de avanzada ni recursos económicos y tampoco puede ir sola a asumir riesgos, por lo que hay que eliminar de los contratos la prohibición en materia de electricidad y desaparecer de los artículos 25 y 28 el concepto de aéreas estratégicas que solamente han generado dependencia hacia Estados Unidos.

“Dejemos de creer que todo hay que ponerlo en leyes, demos amplitud y estimulemos lo más importante del capital social: la confianza”, agregó.

Por otra parte, Cirilo Tapia León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, ONEXPO Nacional, recalcó que actualmente no hay las condiciones necesarias para garantizar la seguridad jurídica y un entorno de equidad a los actores de la cadena de distribución de combustibles.

Agregó que el sector gasolinero pugna por revisar las condiciones de mercado para que éste sea seguro, competitivo y transparente, para ello, es necesario realizar diferentes acciones como estudios comparativos para implementar esquemas exitosos de otros países que se ajusten a las necesidades del país.

Aclaró que una reforma energética que no contemple la modernización del sector gasolinero sería una reforma inconclusa, “corta de miras”, que no contribuiría al crecimiento de México.

Por lo tanto, de realizarse la apertura en materia de hidrocarburos, los gasolineros nacionales deberán ser integrados como primera opción en los procesos de almacenamiento, transporte y distribución de combustible, con el fin de acceder a un esquema de competencia y de libre concurrencia.

Observó que se debe generar una actualización oportuna al margen de la comercialización, ya que han pasado aproximadamente 17 años y no se ha incrementado el margen comercial, así como la necesidad de integrar el transporte a la cadena de distribución y revisar o sustituir el modelo de franquicia para crear uno más.

En tanto, Héctor Moreira Rodríguez destacó que para incrementar de una manera drástica la competitividad nacional se necesita un sector energético eficiente y libre de corrupción, la disponibilidad de energía a precios competitivos, así como aprovechar los recursos de que dispone el país y utilizar eficazmente la renta que generan.

El ex subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda dijo que para lograr lo anterior se requiere de un piso mínimo de 800 mil millones de pesos anuales en los próximos 10 años, empresas de alta tecnología y aprovechar la oportunidad del shale gas y el shale oil.

“Si hacemos eso --agregó-- y tenemos una reforma energética sólida y profunda tenemos la oportunidad de convertirnos en una potencia manufacturera, podremos ser una de las pocas  naciones del mundo que tienen mano de obra capacitada e insumos energéticos bastos”.

Dijo que es indispensable aumentar la inversión actual de Pemex en un 50 por ciento adicional, lograr la autosuficiencia en gas natural y 50 mil barriles de shale oil, hacer el 30 por ciento de lo que hace Estados Unidos en el Golfo de México.

Además, se necesita y construir el equivalente a 10 veces el gasoducto que va de la frontera a Guanajuato, una red nacional de poliductos, duplicar el número de estaciones de servicios,  generar seis complejos petroquímicos y cumplir todas las metas de energía eléctrica, pero todo eso “suma 723 mil millones de dólares”.

Por su parte, César Cadena, director general de Grupo Energéticos, expresó que en la reforma se habla del mercado y la competencia, que al final redundará en combustibles más baratos y en beneficio para la población, “pero desgraciadamente no nos dicen cómo ni por qué”.

Se pronunció por darle una oportunidad a Petróleos Mexicanos para ser una empresa eficiente, pero empezando por los aspectos que más le afectan, como la falta de transparencia en su operación, la corrupción y los problemas de eficiencia laboral.

Esto, dijo, no se puede quedar en un buen deseo porque si no lo hacemos cuando abramos el mercado tendrá que competir contra empresas muy eficientes y no estará lista.

Afirmó que la propuesta para que la Secretaría de Hacienda asuma la responsabilidad de generar un plan para la solucionar el pasivo laboral de la empresa parte de la idea de que es operativamente eficiente y no es así: “Es cierto que no estamos privatizando a Pemex, pero también es cierto que la estamos asesinando”.

Propuso eficientar a Pemex, iniciar las reformas necesarias para la explotación de shale gas y elaborar la reforma más útil para México.

En la ronda de preguntas, el diputado Javier Treviño Cantú, del PRI, aclaró que la reforma tiene que ver con cómo maximizar la renta petrolera, cómo garantizar la seguridad energética y lograr que los recursos que se generen beneficien a las generaciones de hoy, pero también a las del futuro.

Por su parte, el senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal preguntó sobre los alcances de la reforma en la  producción de energías renovables y limpias para combatir los efectos negativos del cambio climático.

Al precisar su comentario, el senador Francisco Javier Cabeza de Vaca, de AN, cuestionó si se debe limitar a Pemex con un solo modelo de producción compartida o abrirlo al tema de licencias y si es prudente otorgar un rango constitucional a los órganos reguladores.

La diputada Verónica Sada Pérez, de Acción Nacional, cuestionó si se debe permitir o no el ingreso de estaciones de servicios extranjeras al territorio nacional.

Por su parte, la diputada Ana Lilia Garza Cadena del PVEM, reflexionó si la apertura del sector dará rentabilidad y convertirá a Pemex en una industria de primer nivel.

Además, cuestionó los beneficios de los regímenes de concesiones, contra el de contratos de inversión y, en ello, cuál sería el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía.

En sus respuestas, Juan José Rodríguez Prats recalcó que para dar orden al sector energético se debe focalizar el marco jurídico adecuado para que el sector se desarrolle.

Asimismo, reflexionó acerca de la conveniencia de invertir 800 mil millones de pesos en una empresa que a pesar de la inversión no incrementa sus reservas, con lo que se cancelan muchos  programas sociales.

A su vez, Cirilo Tapia lamentó la proliferación de estaciones del servicio por todo el país, “hay estaciones en donde podemos ver que están pared con pared. Ahí no hay inversión, ahí hay desinversión. Ha faltado visión de Pemex y de otras autoridades”.

Hay mil municipios en el país en donde no hay ninguna estación de servicio, resaltó. El tema del ordenamiento territorial ha lastimado demasiado al sector gasolinero porque el dueño de la franquicia no los ha atendido con la prontitud necesaria y respecto a la inversión extranjera en el sector, dijo, todo depende de cómo se maneje la cuestión legal.

Por su parte, César Cadena afirmó que el gran controlador de los recursos de Petróleos Mexicanos es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que complica la inversión en la exploración y explotación de shale gas.

En tanto, Moreira Rodríguez se pronunció a favor de la apertura energética porque 800 mil millones de pesos al año de inversión producirían entre 20 mil y 300 mil empleos y provocaría el crecimiento del Producto Interno Bruto 2.5 por ciento adicional.

Sin embargo, manifestó que la Secretaría de Energía debe tener un plan estratégico y que sea quien tenga la facultad de otorgar los contratos, porque si dejamos que las cosas sucedan, el shale gas nunca se va a desarrollar porque es menos rentable que el petróleo.

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