Economistas integrantes de la LSE Mexican Alumni Association manifestaron que la reforma fiscal del Ejecutivo Federal no explica de qué manera ejercerá el Gobierno el gasto público para fomentar el crecimiento económico y cómo castigará el desperdicio de recursos, además de que podría generar una deuda “explosiva” si no se maneja correctamente el déficit que propone.
Lo anterior, durante una reunión que sostuvieron con legisladores de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, que preside el senador priista Manuel Cavazos Lerma, para analizar la propuesta del Ejecutivo Federal.
Al respecto, José Tapia señaló que la reforma trae un “brinco adicional” en el aumento del gasto público; sin embargo, no hay un claro mensaje dentro de la propuesta que explique de qué manera se utilizarán los recursos para fomentar el crecimiento, la productividad y la formalidad.
Más allá de la parte discursiva, subrayó, no hay elementos claros para que esto suceda porque no existen las definiciones de cómo castigar el desperdicio de los recursos, cómo mejorar la efectividad o atender cuestiones de corrupción.
Hizo notar que en los últimos 12 años se ha incrementado el gasto público de manera constante y a tasas aceleradas, pero precisó que el problema no es el tamaño de los recursos sino la forma en que se ejercen, pues existen limitantes técnicas, operativas y funcionales que impiden que tenga un efecto mucho mayor y con mejores resultados.
En este sentido, el académico propuso crear una serie de mecanismos que ayuden a mejorar la efectividad del gasto público y a medir los resultados de forma sectorial, mediante paneles de observación.
Asimismo, planteó la creación de un sistema nacional de evaluación que permita saber cuáles son los sectores que sí están avanzando y cuáles no, así como dar certidumbre en el gasto ejercido por el Estado.
Recordó que al principio de la actual administración se plantearon cinco puntos en los que se basaría la reforma hacendaria: ampliar la base tributaria, reducir las exenciones y privilegios fiscales, simplificar el sistema fiscal, ejercer un gasto público eficaz y transparente, así como redefinir las obligaciones tributarias con los diferentes órdenes de gobierno.
Empero, destacó, la propuesta presidencial se quedó “bastante corta” en varios de esos espacios, ya que no hay indicio de que estemos encaminados hacia un gasto eficaz y transparente.
En tanto, Alejandro Rodríguez explicó que la propuesta del Ejecutivo Federal representa un cambio de paradigma, pues plantea que la política fiscal adquiera un papel más proactivo en la estabilización del ciclo económico al contemplar un aumento en el déficit.
Es interesante y válida --agregó-- porque cuando existen periodos recesivos “como el que estamos viviendo actualmente” podemos hacer que éstos no sean tan grandes aumentado el gasto y reduciendo la carga impositiva.
Sin embargo, alertó, si empezamos a tener un déficit de cierta magnitud se comenzará a generar una deuda pública que podría seguir caminado y volverse una “cuestión explosiva”, donde los mecanismos fiscales automáticos no la puedan controlar.
“A veces se cree que se pude incrementar el déficit público de manera arbitraria y después no hacer nada y eso no es posible, pero sí es cierto que se pude utilizar la política fiscal como un estabilizador”, apuntó.
Por ello, consideró que “hay que tener un poco de cuidado con la propuesta del Ejecutivo” y tratar de ver de qué manera se pudieran compensar esos posibles efectos nocivos con la creación de deuda, pero manteniendo el hecho de que la política fiscal pueda cumplir su función estabilizadora.
Sugirió que una alternativa a explorar sería poner un “nivel objetivo de déficit” como proporción del Producto Interno Bruto; por ejemplo, si tenemos un déficit equivalente al 2 por ciento del PIB, éste mantendría la deuda “bastante estable” a lo largo del tiempo.
Es decir, nos podríamos dar el lujo de tener un déficit económico alrededor del 2 por ciento y que la deuda se mantenga constante suponiendo una inflación de 3.5 y un crecimiento del 3 por ciento anual, expuso el economista.
Esta sugerencia, dijo, puede ser viable y nos permitiría tener un horizonte fiscal con finanzas públicas equilibradas en el largo plazo, puntualizó.
Al respecto, el senador Manuel Cavazos Lerma dejó en claro que la propuesta del Ejecutivo aún se encuentra en vías de análisis en la Cámara de Diputados, la cual “no toma todo como viene”.
Indicó que el planteamiento de aplicar IVA en colegiaturas “no es probable que pase”, mientras que se está revisando la cuestión del gravamen en la frontera.
En el caso del déficit subrayó que “no hay vuelta de hoja” porque es un instrumento estabilizador y “se debe de usar cuando se debe de usar”.
Su compañera de bancada, la senadora María del Rocío Pineda Gochi manifestó que el déficit no “nos debe asustar” porque la reforma contribuirá a tener un mejor manejo integral de las finanzas.
En su oportunidad, el senador panista Héctor Larios Córdova dijo que no se sabe qué efectos tendrá en las finanzas públicas que el seguro de desempleo que propone el Presidente de la República sea financiado por uno de los fondos del INFONAVIT.
Aunado a ello, mencionó que al gravar la compra de viviendas, incluso de las usadas, aumentará en un 26 por ciento el costo total de éstas, lo que afectará a la industria de la construcción, la cual ha caído en este año 7 por ciento.
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