La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respaldaron las reformas a la Constitución para impulsar al sector energético y permitir la participación de la iniciativa privada en las industrias petrolera y eléctrica.

En su exposición, Miguel Benedetto Alexanderson, director general de la  ANIQ, afirmó que las enmiendas a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna son necesarias para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

Dijo que se requiere “generar un cambio profundo y estratégico en el que los energéticos se constituyan en el motor para el desarrollo industrial del país y no sigan siendo simplemente un elemento de recaudación”.

Lo anterior, agregó, deben tener como objetivo garantizar la certeza jurídica y operativa, al tiempo de ofrecer condiciones de competitividad para atraer las “enormes inversiones” que el sector demanda.

Además, consideró fundamental que las modificaciones al marco jurídico se hagan a la brevedad para tener la posibilidad de participar en el desarrollo del sector energético de Norteamérica “y no llegar cuando todo esté desarrollado”.

Para recuperar el lugar preponderante que una vez ocupó la industria y eliminar la elevada dependencia que tenemos en el rubro petroquímico, es imperativo que México se convierta en un país autosuficiente en la producción de gas natural y en los derivados de la refinación.

De igual manera, consideró indispensable que se modifique la visión que se tiene del uso de la riqueza de nuestro subsuelo para que se puedan impulsar cadenas productivas, generar empleos bien remunerados, impuestos para el país y no se sigan simplemente comercializando los energéticos sin agregarles valor.

En su turno, Juan Acra, presidente de la Comisión de Energía de la COPARMEX, consideró que México no puede esperar más ni seguir desaprovechando su potencial energético, por lo que todos los sectores sociales y económicos deben unirse para generar una reforma que elimine los retrasos en este sector y contribuya a la construcción de “un país más fuerte”.

Con una reforma energética integral --opinó-- el país alcanzaría en ocho años la producción y renta petrolera que nos tomaría 80 años conseguir al ritmo actual, y por ello, las instituciones de la República, por la vía de la colaboración con el sector privado, deben aumentar su capacidad y eficiencia en este tema.

En este sentido, se pronunció por una reforma que dé certeza jurídica con un cambio constitucional que permita contratos o concesiones para operadores y que permita atraer inversión y generar desarrollo regional.

Aunado a ello, dijo que la enmienda deberá contemplar requisitos fundamentales como contratos de riesgo, oportunidades globalmente competitivas, energías renovables, participación de la pequeña y mediana empresa.

De igual manera, tendrá que incluir un sentido social de la riqueza energética, desarrollo de infraestructura nacional, perspectiva regional de desarrollo, visión intergeneracional, entre otras medidas.

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