El senador Raúl Pozos Lanz planteó prohibir la colocación o reubicación de antenas, bases, radiobases o repetidoras de señal de telecomunicaciones a menos de dos kilómetros del perímetro de los centros penitenciarios del país.
Asimismo, sugirió que los concesionarios se abstengan de incrementar “indiscriminadamente” la potencia de frecuencia más allá de lo normado por la autoridad competente, a fin de que no evadan los efectos inhibidores de señal celular colocados en los reclusorios.
Mediante una iniciativa, el legislador priista refirió que en los últimos 10 años se han intentado más de 21 millones 800 mil extorsiones telefónicas en México y al menos 916 bandas de extorsionadores operan en los distintos centros penitenciarios del país.
En este sentido, señaló que 15 de las bandas más activas operan en penales del Distrito Federal, las cuales en 2008 intentaban 4 mil 400 extorsiones cada 24 horas,  mientras que para 2009 se habían incrementado a 6 mil 179 por día.
Se sabe --agregó-- que durante el período comprendido de 2001 a diciembre de 2009, 7 millones 324 mil 660 personas habrían perdido entre mil y 50 mil pesos, además de que el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores superó los 705 millones de pesos.
Para ello, se utilizaron más de 483 mil 127 celulares, de los cuales 55 por ciento de las llamadas se realizaron desde el Distrito Federal, explicó.
Ante esta situación, Pozos Lanz consideró necesario reforzar la reglamentación existente, a efecto de inhibir las señales de telefonía celular dentro de los centros de readaptación social y obligar a los concesionarios a que no incrementen la potencia de frecuencia más allá de lo normado.
Con ello, apuntó, se coadyuvaría a terminar con esta conducta delictiva que daña a la sociedad y que merma el patrimonio de las personas que son víctimas de extorsión.
La iniciativa que busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones se remitió a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda.
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