La falsificación de uniformes,  insignias y vehículos de las fuerzas armadas y de seguridad ha permitido a bandas delictivas usurpar funciones del  Ejército y corporaciones policíacas, por lo que es necesario se sancione a las empresas fabricantes de estos artículos apócrifos conforme a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

“Se trata de romper un eslabón de la cadena delincuencial, limitando a quienes se han encargado de desacreditar a las instituciones de seguridad pública y fuerzas armadas, apuntó el senador Francisco García Cabeza de Vaca, al presentar la iniciativa correspondiente ante el Pleno.

Recordó que ha habido un sinnúmero de denuncias respecto que la delincuencia organizada ha implementado falsos  retenes de seguridad, valiéndose precisamente de los uniformes, insignias y vehículos oficiales falsos.

Subrayó que esta situación ha sido una constante “que no es ajena a las mismas autoridades… Las formas delictivas han asumido no solo la falsificación por sí misma sino también la usurpación de funciones y atribuciones de la autoridad”.

El legislador albiceleste explicó que actualmente la falsificación y uso indebido de uniformes e insignias sólo se encuentran sancionados en el Código Penal Federal y el objetivo de incluirlas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es el lograr abarcar al mayor número posible de personas involucradas en la organización criminal.

Por ello, abundó, se proponen aplicar la ley no sólo a las personas físicas que pertenezcan a la organización criminal sino también a las morales, es decir a las empresas encargadas de falsificar esos uniformes y los  talleres encargados de pintar vehículos o fabricar insignias falsas.

En la iniciativa en mención, se refiere que sólo las legislaciones de 23 entidades del país contienen tipos o agravantes relacionados con el uso falso de  elementos de las instancias policíacas.

Baja California, Coahuila, Distrito Federal y el Estado de México son las únicas entidades que lo contemplan como agravante en la comisión de delitos y en Guerrero cuando se obtenga algún beneficio indebido o se lesione la dignidad respecto de la corporación.

En el estado de Jalisco se incrementa la pena cuando se pone en riesgo o peligro la vida o la salud de las personas y en Sonora cuando corresponden o son representativos de una corporación policial.

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