La senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso introducir el concepto de gasto social en el Artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social, a través de una iniciativa de Ley presentada ante el Pleno este día.

Lo que se pretende, dijo, es aportar el detalle de las fuentes que comprenden el gasto social, para contar con una herramienta útil de gestión para la política social, ya que por medio de su aplicación se generaría información útil para la toma de decisiones y la administración de recursos.

Por lo tanto, el concepto de gasto social comprenderá las erogaciones y gastos fiscales que la Federación, Gobiernos Estatales y Municipales realizan en cumplimiento de la responsabilidad del Estado con los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley, subrayó la legisladora perredista.

Lo anterior, explicó, ya que no existe una definición aceptada sobre lo que es el gasto social, pero que  se puede caracterizar en tres dimensiones; una de ellas se refiere al perfil de las organizaciones que lo controlan, la otra a los propósitos sociales que financia y finalmente, por la cantidad de recursos que erogan para alcanzar bienes sociales.

La senadora por Tlaxcala detalló que con la integración de la información del Gasto Social en la Ley General del ramo, habrá mecanismos de coordinación institucional entre actores del Poder Ejecutivo y Legislativo para definir los propósitos sociales y delimitar su función social.

El objetivo, precisó, es aumentar la calidad de la política social al fortalecer institucionalmente los aspectos técnicos en cuanto a su diseño y gestión en materia económica, pues es fundamental si se considera que la información confiable y comparable de los recursos económicos asignados al sector social permitirá, en el mediano plazo, realizar actividades de monitoreo y evaluación de impacto de los componentes de la política.

Con esto, se pretende aportar el detalle de las fuentes que comprenden el gasto social, para contar con una herramienta útil de gestión para la política social, ya que por medio de su aplicación se generaría información útil para la toma de decisiones y la administración de recursos.

En el caso de México, el gasto social está compuesto por el gasto social público, es decir, erogaciones presupuestales, principalmente federales. Sin embargo, “no se conoce el monto agregado de estos recursos”, subrayó.

Lo anterior ocurre principalmente porque son varios los actores que intervienen para dirigir el rumbo de la política social y a pesar de que la Ley General de Desarrollo Social y sus ordenamientos concurrentes coordinan muchos de estos esfuerzos, a nivel subnacional no queda clara la coordinación de los propósitos sociales.

En segunda instancia, porque hay una clara disociación entre el concepto de gasto social que maneja la Secretaría de Hacienda y los propósitos sociales que persiguen el conjunto de planes, programas y normas de la política social.

Finalmente, el Gasto Social que reporta la Federación únicamente se refiere al monto ejercido por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin tomar en cuenta tratos fiscales preferenciales.

Al respecto -agregó- se estima que en 2008 el costo de estos beneficios ascendió a 294 mil millones de pesos, lo que representó 3 por ciento del PIB, o bien, 26 por ciento del Gasto Social ejercido directamente.

Además, señaló que de acuerdo con la OCDE, en 2012 el Gobierno Federal destinó 76.1 centavos de cada peso al pago de subsidios, salarios, pensiones y gastos de operación y solamente 23.9 a inversión en proyectos de infraestructura.

Al respecto, expuso que de los 76.1 centavos, 39 por ciento se destinó al pago de salarios de la burocracia, 27.2 pro ciento a servicios de agua potable y electricidad, entre otros, 18.1 por ciento a pensiones y 15.7 por ciento al financiamiento de programas sociales, con lo que se afirma que México tiene el gasto social más bajo de entre los países que integran la OCDE, pues es de aproximadamente 8 por ciento del PIB, cuando el promedio es 22 por ciento.

Por esto, añadió, un paso importante para mejorar la eficiencia del gasto es definir el monto real de los rubros que lo comprenden, por lo que es necesario delimitarlo con precisión, a fin de desarrollar a detalle sus funciones sociales y clasificar los gastos a partir de esto.

Además que es necesario conocer la magnitud precisa del gasto social y los propósitos que persigue, a fin de evitar la duplicidad de beneficios sociales que recibe la población, así como tener claridad de los tratos fiscales preferenciales para estimar el monto total de recursos públicos que la Federación destina al ámbito social.

La iniciativa con proyecto de Decreto se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

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