La pobreza no sólo se abate con programas sociales, sino con mayor calidad educativa y desarrollo económico, aseguró Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Explicó que para reducir la pobreza se requieren al menos dos tipos de políticas sociales: las “típicas”, que permiten dotar de  pisos firmes, electricidad y agua a los hogares,  incrementar la cobertura educativa y de salud, y ayudan a reducir las carencias sociales.

Pero --aclaró-- el complemento de esa política  es la parte económica.

Ésta, subrayó, es la que hace que más mexicanos cuenten con mayores ingresos e implica la generación de más empleos, de calidad, bien pagados, incremento en la  productividad,  mejores mercados y conexión de éstos.

Al participar en la mesa de discusión “Estrategia de Desarrollo para el Sur-Sureste: Presentación de la Pobreza Multidimensional”, que se llevó a cabo en el  Senado,  subrayó que quienes piensen que la pobreza se abate con programas sociales, se equivocan, ya que “cada vez que va mal la economía la pobreza sube y cada vez que nos va mejor la pobreza tiende a bajar”.

Hernández Licona expuso que la región Sur- Sureste, integrada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, concentra una pobreza de 59.8 por ciento; es decir, unas 20 millones de personas.

Y en pobreza extrema, representa casi el 20 por ciento, que significan unos 6.6 millones de personas, precisó.

Dijo que el problema más grande en esa  región es que el 73 por ciento de su población no tiene acceso  a la seguridad social.

El especialista consideró que la conectividad de mercados puede ser la solución en una región como esa con orografía tan complicada y un rezago educativo importante.

Indicó que para impulsar programas productivos, en el Sur-Sureste es preciso mejorar la infraestructura carretera y los  medios de transporte.

Solucionando  la conectividad de mercados, la calidad de la educación y de salud, es posible incrementar la productividad de manera importante, puntualizó.

En su intervención, el senador perredista Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, destacó que en los estados que componen la región coinciden, “en gran medida”, los indicadores de pobreza multidimensional que mide el Coneval.

Expresó que sin infraestructura que conecte a la zona sur y su productividad con nuevos mercados y sin acceso a energía más barata “seguiremos en el mismo ciclo del consumo caro y de una renta poco competitiva”.

Por su parte, el senador priista Humberto Mayans Canabal , reconoció que los datos presentados por el Consejo derivan de una política nacional desigual en términos regionales, “que viene de decenios atrás” y los gobiernos federales se han preocupado mucho por desarrollar el centro y norte industrial, pero poco por el sur-sureste, entre otras razones por su orografía.

Comentó que los objetivos con los que se firmó el Tratado de Libre Comercio “se cumplieron plenamente”, pues se incrementaron sustancialmente las importaciones o la captación de divisas, pero sólo entre el 11 y el 15 por ciento de esos beneficios se canalizaron a la región, ya que “fundamentalmente se quedaron en el centro y norte del país”.

Lo anterior, dijo, por la falta de infraestructura moderna y competitiva que garantice la conectividad del sur-sureste y una política fiscal que estimule el desarrollo.

“Necesitamos --agregó-- carreteras modernas, ferrocarril, puertos y parques industriales y un esquema fiscal que ayude a todo ello”.

En tanto, el también senador del PRD,  Armando Ríos Piter, subrayó que el gran reto legislativo es garantizar una verdadera eficiencia en la lógica de la presupuestación y, sobre todo, de la rendición de cuentas sobre cómo se ejerce el gasto público.

Es decir, dijo, asegurar que los resultados de los estudios del Coneval se traduzcan en “una suerte de regla de juego para la definición de presupuesto” para 2014 y que el margen de maniobra entre su elaboración por parte del Ejecutivo y hasta la definición política que pueda tener el Congreso sobre lo que debe o no de ser, sea el margen de metas que lleven a un presupuesto asegurado y no exista año con año la posibilidad de que la meta no se cumpla.

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