La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que emitir una opinión acerca del reporte anual sobre México 2012, que presentó Amnistía Internacional el pasado mes de mayo.

Así lo determinó la Comisión Permanente al aprobar un dictamen donde se indica que el presidente Enrique Peña Nieto recibió un país con más de 60 mil personas muertas, 150 mil desplazados a causa de la violencia y por lo menos 25 mil secuestros y desapariciones.

De igual forma, se menciona que dicho reporte analiza el asesinato y secuestro de ciudadanos a mano de los cárteles de la droga y como secuela de la actuación de la policía y fuerzas de seguridad.

Además, subraya que se ha hecho caso omiso de reportes que hablan sobre violaciones graves a los derechos humanos en México como torturas o desapariciones forzadas, por parte del Ejército.

Los legisladores refirieron que en ese mismo informe se reportan mil 695 denuncias de abusos cometidos por el Ejército y 495 por la Marina, por lo que la CNDH  formuló 25 recomendaciones al respecto.

También, agregaron,  hace mención a “abusos graves” hacia los migrantes que atravesaban México, quienes son víctimas de secuestro, violación y homicidio.

Por otro lado, expresaron que AI advierte que como consecuencia de diversos ataques e intimidación contra periodistas, la información publicada en la prensa local sobre la delincuencia y la seguridad pública es escasa o prácticamente inexistente.

Ante este panorama, senadores y diputados manifestaron que “hoy más que nunca resulta imprescindible garantizar los derechos humanos” establecidos en la Constitución y conocer los resultados de la actuación policial en materia de seguridad pública.

Nos pronunciamos contra cualquier ataque a los derechos humanos y consideramos apremiante que todos los servidores públicos responsables de la materia y demás instancias gubernamentales trabajen en cooperación constante, a fin de garantizar el respeto irrestricto a las garantías individuales de los ciudadanos, enfatizaron.

Solicitan informe sobre auditoría a tabacaleras

En la misma sesión se probó un dictamen para solicitar al Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre las acciones de fiscalización realizadas en el sector tabacalero.

También, se pidió fortalecer la vigilancia para determinar las contribuciones omitidas por los contribuyentes del IEPS de tabacos labrados e informe sobre los resultados del combate al contrabando y la enajenación ilegal de este producto.

Los legisladores mencionaron que es necesario auditar a las dos principales tabacaleras, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, toda vez que argumentan la ineficiencia del IEPS y aseguran que no se ha cumplido con la meta recaudatoria.

Evaluar costos del RENAUT

Por otro lado, el Pleno hizo un llamado al Ejecutivo Federal para que realice una evaluación general sobre los costos del RENAUT, así como sobre la incapacidad técnica del RENAPO.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar la seguridad en el manejo de la información obtenida por dichos programas.

Asimismo, le pidieron que investigue y promueva la sanción a aquellos servidores públicos que hayan hecho uso indebido de la información confidencial proporcionada por la ciudadanía.

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