La política de seguridad nacional debe ser definida desde el Congreso, con mecanismos de prevención de riesgos fundamentales, consideró el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.
Señaló que una discusión sensata de la seguridad nacional debe atender primordialmente la prevención de conflictos y amenazas para el Estado, y esto pasa por la seguridad exterior, que está vinculada a la interacción del Estado con otros países.
En la política deben privilegiarse los espacios de consenso, consideró al participar con el tema Controles democráticos a la función de seguridad, en el marco de “Las audiencias públicas para las reformas al sistema electoral y al régimen político”, que se llevan a cabo en el Senado.
 “La política --agregó-- es polémica, la democracia es debate y ésta, sin pluralidad, no se explica, pero es bueno que las diferencias que se vayan a dar en los próximos años entre las fuerzas políticas en competencia se den a partir de un piso nuevo”.
Advirtió que sólo a través de consensos clarificados y de visiones de Estado, los partidos de izquierda, derecha y centro podrán discutir el futuro del país de una nueva manera, en una democracia más específica, concreta, enfocada a la generación de bienes públicos medibles, sensatos, estables, que se puedan dar hacia el futuro y como producto de una discusión.
Subrayó que democracia y seguridad son esenciales para la defensa de los elementos que hacen posible al Estado y aquellos procesos que le permitan operar razonablemente en términos de respuestas, amenazas y riesgos.
En cuanto a los nombramientos de secretarios y cuáles deben ser ratificados por el Senado,  Gómez-Mont  Urueta enfatizó  que el titular de Gobernación no puede pasar por este filtro, por ser un “hombre que legitima al presidente”.
En su opinión, se podrá ratificar a los responsables de Hacienda o de Relaciones Exteriores, pero “el secretario de Gobernación está para gastarse para que no se gaste el presidente de la República”, a fin de que la legitimidad del Ejecutivo federal se sostenga por el tiempo para el que fue electo.
“Los secretarios de Gobernación tienen que entrarle a desgastarse, hacer la operación, asumir las responsabilidades por las operaciones más difíciles. Así ha sido, así debe de ser; es un hombre que debe cuidar del presidente de la República, es un hombre del presidente y su legitimidad se debe sustentar en la legitimidad presidencial, no en la del Congreso”, puntualizó.
Por su parte, el senador Manuel Bartlett Díaz señaló que la función esencial de la Secretaría de Gobernación es mantener el equilibrio entre todas las fuerzas políticas para garantizar la gobernación del país.
No obstante, apuntó que esa labor se ha ido devaluando conforme ha sido limitada y disputada por el área económica como la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Esta visión yo la considero muy negativa, porque no se gobierna con la economía o con economicismos o con doctores en economía, sino se gobierna políticamente”, afirmó el coordinador de los senadores del PT.
Por otro lado, puntualizó que existe una diferencia entre los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública, por lo que se genera un problema al intentar convertir la seguridad de la nación en seguridad policiaca.
Esta situación, subrayó, genera un ambiente de inseguridad, sobre todo si consideramos la situación actual en la que el Ejército reclama cada vez más garantías para ser policía.
 Bartlett Díaz aseguró que las fuerzas armadas tienen que estar sometidas al poder civil, pues de otra manera se transita a un Estado militar. Más aún, corresponde al secretario de Gobernación mantener ese equilibrio y estar vigilante de la relación del gobierno civil con las fuerzas armadas.
En cuanto a los acuerdos interinstitucionales, como la Iniciativa Mérida y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América (ASPAN), aseveró que son desconocidos por el Senado, lo cual los hace violatorios a la función de este órgano legislativo al que corresponde analizar la posición internacional del Ejecutivo.
Al referirse a los grupos de autodefensa, Manuel Bartlett afirmó que se derivan de la falta de recursos para los municipios y ello les impide sostener policías municipales.
Por ello, llamó a revisar el federalismo y que cada una de las piezas del Estado tenga los recursos para ejercer su función elemental, que es la seguridad pública.
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