La Comisión Permanente pidió al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) un informe sobre las investigaciones que se realizan ante el posible uso indebido de datos personales en poder de distintos organismos y entidades públicas y privadas.
A la Procuraduría General de la República le solicitó detallar el estado de las indagaciones en torno a las denuncias que en el 2011 formuló el IFAI sobre la venta ilegal de datos.
En otro de los resolutivos aprobados, le requirió al Consejo General del IFE emprender una investigación para establecer si la base de datos del Registro Nacional de Electores ha sido sustraída, vendida o usada para fines diversos a los previstos en la ley, y en caso de ser así presente las denuncias correspondientes.
El punto de acuerdo fue impulsadas por los senadores perredistas Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, quienes señalaron que las leyes mexicanas garantizan a toda persona la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos.
En las consideraciones del dictamen se hace notar la necesidad de que las autoridades competentes en esta materia sean vigilantes de que no haya ilícitos al respecto.
“Se ha externado en diversos medios que esta información es utilizada con fines ilícitos por grupos criminales con la finalidad de robar la identidad, con fines de extorsión o cometer fraudes. De igual forma se ha llegado a externar que los datos obtenidos de padrón del IFE sean usados para comprar o coaccionar el voto”, se indica en el texto.
Solicitan a gobierno de Jalisco implementar medidas para prevenir desaparición forzada de personas
Senadores y diputados de la Comisión Permanente pidieron al gobierno de Jalisco aplicar medidas en materia de seguridad para prevenir la desaparición forzada de personas e instruya a la Fiscalía General del estado a que investigue y dé solución al alto número de casos.
En opinión de los legisladores siempre serán relevantes las acciones que contribuyan a fortalecer la armonización legislativa en materia de desaparición forzada, así como las encaminadas a la prevención y procuración de justicia.
Señalaron, en su argumentación, que en un Estado democrático de derecho, es obligación de las autoridades poner en práctica medidas eficaces para prevenir, combatir y sancionar todo acto relacionado con la desaparición forzada de personas.
Opinaron que “en la medida en que se cuente con legislaciones claras y precisas en torno a este deplorable delito, se evitará la impunidad y se contará con los instrumentos legales necesarios para deslindar responsabilidades antes casos de negligencia en la investigación y persecución de los delitos”.
Piden legisladores que sociedades cooperativas sean partícipes en contratación de servicios
En la sesión de este martes, el pleno de la Permanente formuló un exhortó a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la administración pública federal para que considere en la planeación de sus adquisiciones a las empresas que forman parte del sector social de la economía.
Luego de valorar la propuesta de la diputada Dunyaska García Rojas, del PAN, los legisladores de la Comisión Permanente señalaron que en México las cooperativas como empresas productivas son una alternativa para la población en situación de pobreza, pues permite su organización e incrementa los ingresos.
“Estas organizaciones crean empleos productivos, favorecen la inclusión social, protegen a sus socios y, además, ofrecen servicios al resto de la sociedad”, mencionan en el dictamen avalado este miércoles.
En otro de los resolutivos, el órgano del Congreso invitó al Poder Legislativo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que tomen en cuenta en la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública, a las sociedades cooperativas y empresas integrantes del sector social.
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