A través de un dictamen la Comisión Permanente solicitó al gobierno federal emitir el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Lo anterior, debido a que se ha excedido el plazo de 90 días a partir de la publicación de la Ley, que fue publicada el 14 de junio de 2012, por lo que han transcurrido más de siete meses desde que debió haber sido publicado el reglamento.
Cabe mencionar que es urgente que se emita el lineamiento ya que se trata de un grave problema que aqueja a la sociedad.
Pide Permanente información sobre indicadores usados para contabilizar homicidios
Por otra parte, los legisladores solicitaron a los secretarios de Gobernación y Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que informen sobre los indicadores utilizados para contabilizar los homicidios y las variaciones históricas de las cifras reportadas a nivel nacional y por entidad federativa.
La petición incluye al gobernador del Estado de México, para que haga lo propio, toda vez que se ha reportado un decremento en el número de homicidios.
En el dictamen se destaca la urgencia de atender el problema de la inseguridad en el país, a través de acciones que permitan salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, por medio de la prevención de delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de infracciones administrativas, y la investigación y persecución de delitos, en los términos que exija la Ley.
Demanda la Permanente información del programa de Testigo Protegidos
Además, los senadores y diputados solicitaron a la Procuraduría General de la República, un informe sobre el curso del Programa de Testigos Protegidos en el que se dé cuenta del número de personas que se han acogido a este programa, así como de los recursos destinados para ello, a partir del 1 de diciembre de 2006 a la fecha.
En el dictamen avalado, resaltaron que utilizar dicho programa, les ha asegurado impunidad por sus acciones, a cambio de su testimonio poco confiable y altamente susceptible de manipulación.
Por ello, destacaron que una gran cantidad de probables delincuentes han quedado en libertad y han recibido cuantiosos recursos y protección del Estado a cambio de su declaración, sin importar su peligrosidad, la gravedad de sus delitos o quizá en algunos casos los derechos de probables víctimas.
Llama la Permanente a garantizar libertad de prensa y expresión
En otro tema, la Comisión Permanente pidió al gobierno federal que, a través de las dependencias competentes y con la ayuda de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, ponga en marcha las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión
Asimismo, solicitó a la Fiscalía Especial informar sobre el número de casos que actualmente se atienden, el estado que guardan, así como los mecanismos de seguridad que se aplican para lograr la protección de periodistas, en tanto no constituyan reserva de información.
En el dictamen se establece que la libertad de expresión es una condición mínima para los países democráticos y que en México se han realizado diversas acciones para protegerla, en específico a los periodistas pero dichas acciones no se ven reflejadas en los resultados.
Reconocimiento a periodista
Por otra parte, los senadores y diputados hicieron un reconocimiento al trabajo y trayectoria de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza y solicitaron a las autoridades que proporcionen todas las medidas de seguridad para salvaguardar su vida e integridad, pues en el ejercicio de su profesión se ha visto en riesgo y obligada a salir del país para garantizar su protección.
Que Poder Judicial de hidalguense informe acerca de detención de integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso”
En la misma sesión, los senadores y diputados solicitaron al Poder Judicial de Hidalgo, información sobre la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso”.
Pidieron al Congreso de la entidad, resolver el procedimiento de juicio político en contra del alcalde del municipio de Progreso de Obregón, Alfredo Zúñiga Avilés.
Además, llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a establecer las medidas para revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso” y, en su caso, determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos.
Establecer protocolos de actuación para la defensa de derechos de indígenas
Asimismo, fue aprobado un dictamen para que el Poder Judicial de los estados y del Distrito Federal, elaboren e implementen protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de sus respectivas jurisdicciones.
Finalmente, la Comisión Permanente exhortó al Juzgado Segundo de Distrito en Guerrero para que en la conducción del juicio de amparo con número de expediente 556/2012, iniciado por la Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V. contra el Municipio de Acapulco de Juárez, se conduzca con estricto apego al debido proceso.
También le pidió al municipio de Acapulco proteger el Jardín del Puerto, hasta la resolución del juicio de amparo con número de expediente 556/2012, procurando evitar cualquier acto administrativo que afecte los derechos del demandante.
En el mismo sentido, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la dirección general de Puertos inicie el procedimiento para determinar la procedencia de la revocación de la concesión a la Administración Portuaria Integral, por operar sin dar cumplimiento a las obligaciones y condiciones contraídas en el título de concesión, conforme a los resultados de la inspección con fecha 25 de mayo de 2012.
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