La Comisión Permanente reprobó enérgicamente la desaparición de ocho integrantes de la Unidad Popular en Iguala, el pasado 30 de mayo en el estado de Guerrero, de la que derivó la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.

Ante ello,  solicitó  a la Procuraduría General de la República, ejerza su facultad de atracción de las investigaciones para aclarar los hechos.

Al presentar el resolutivo avalado por la asamblea,  la senadora Dolores Padierna Luna aseveró  que este tipo de actos constituyen una represión por parte de un “sistema arbitrario contra la izquierda”.

Desde la tribuna, sostuvo que esta es una forma de desarticular movimientos sociales a través de la persecución y desaparición de sus líderes presuntamente por parte del crimen organizado.

La legisladora perredista aseguró que esos hechos son alarmantes, toda vez que evidencian un ataque grave en contra de los derechos humanos de  las  y los guerrerenses.

“Queremos que se llegue a fondo y que se encuentre a los responsables directos e indirectos de estos crímenes arteros”, puntualizó.

Enfatizó que es preocupante la posible participación de servidores públicos, “por lo que resulta urgente que se aclaren cuanto antes estos delitos y se finquen las responsabilidades a quienes participaron en los mismos”.

Aseveró que no puede permitirse ni una muerte más provocada por parte de aquellos que “sólo buscan reforzar un régimen de pobreza y desintegración social”.

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