La Comisión Permanente solicitó a las secretarías de Hacienda y Economía, un informe pormenorizado y anual del comportamiento del sector minero entre 2000 y 2013.
Ambas dependencias deberán reportar de manera específica el número de empresas con concesiones mineras, su registro federal de contribuyentes y su ubicación territorial, así como el monto de derechos e impuestos por ISR e IETU, entre otros, pagados anualmente por los concesionarios mineros.
El acuerdo ratificado también incluye la petición del  monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras, un comparativo internacional en término de duración de concesiones, regalías y pago de derechos, e impuestos de resarcimiento ambiental.
La propuesta, impulsada por el senador del PRD, Armando Ríos Piter, señala que en las cámaras de Diputados y de Senadores se han presentado diversas iniciativas que destacan la necesidad de adecuaciones a la legislación minera, con el objetivo de mejorar la seguridad de los trabajadores.
El senador por Guerrero refiere en su proposición que en 2011 la actividad minera en México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina en captación de inversión y explotación.
“Para el año 2012 el valor de la producción minera fue de 17 mil 419 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 13 por ciento con respecto a 2011”, mencionó.
Ríos Piter señaló que es necesario legislar para convertir la palabra minería en un sinónimo de desarrollo económico.
Mencionó que debe estudiarse el actual esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados con la actividad minera, así como la aplicación de una regalía sobre las ganancias, sin que esta potestad del Estado signifique una pérdida de la competitividad del sector a nivel internacional.
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