Legisladores de la Comisión Permanente acordaron solicitar a la PGR un informe sobre las erogaciones destinadas para el pago de testigos protegidos.
El reporte deberá contener el número de personas que actualmente se encuentran acogidas en este programa y el monto de los gastos mensuales por cada uno de ellos.
De igual forma, la cantidad de personas registradas en la figura de testigo protegido desde el primero de diciembre de 2012.
La dependencia habrá de precisar los recursos aplicados y los que habrán de destinarse para el pago, manutención y otros gastos a testigos protegidos durante el ejercicio fiscal correspondiente a 2013.
En el punto de acuerdo avalado por los integrantes de la Primera Comisión se destaca la importancia de que la PGR aclarar las erogaciones en testigos protegidos, luego de dar a conocer, en respuesta a una solicitud de información de un particular, que de 2000 a 2012 se han aplicado 178 millones 261 mil 493 pesos para testigos protegidos.
De acuerdo a dicha información --se indica en el resolutivo-- el número de testigos protegidos durante las dos recientes administraciones fue de 614, de los cuales 235 corresponden al sexenio de Vicente Fox y 379 al de Felipe Calderón.
Ello --se añade en el texto aprobado-- fue catalogado por la opinión pública como un abuso y uso irregular de dicha figura, a la cual se acogieron incluso narcotraficantes al declarar en contra de funcionarios y militares.
Advierten legisladores posible error de metodología al contabilizar homicidios
La Primera Comisión, que preside la senadora Pilar Ortega Martínez, también votó a favor de un punto de acuerdo donde exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que informen sobre la metodología para contabilizar los homicidios y las variaciones históricas de las cifras reportadas a nivel nacional y por entidad federativa.
Al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, le pidieron envíe un informe sobre la metodología para contabilizar los homicidios y las acciones realizadas en dicha entidad, donde se reporta un decremento en el número de asesinatos.
Lo anterior, se puntualiza en el acuerdo, luego de que expertos y analistas advierten sobre la necesidad de revisar y corroborar la autenticidad de las estadísticas pues no existe una explicación a la “abrupta” disminución en la incidencia delictiva a nivel nacional, que se informa de manera oficial, lo cual podría obedece a “un error en la metodología de contabilización”.
Por lo anterior, “se expone la necesidad de evitar la manipulación de las cifras y garantizar a la sociedad el derecho al acceso a la información veraz”, se subraya en el texto.
Retraso en expedición del reglamento de la ley contra la trata
En otro dictamen aprobado, se hace un llamado al Ejecutivo federal para que publique el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
En opinión de senadores y diputados lo anterior permitirá atender puntualmente una de las más sentidas demandas de la población, toda vez que la Ley de Trata fue aprobada desde el 13 de diciembre de 2012, es decir hace seis meses.
En las consideraciones, se destaca que México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas e información de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina.
No obstante, apunta el documento, “la poca eficacia en la disuasión de la trata de personas en el país, pues existen sólo cuatro personas sentenciadas por este delito en el fuero federal y nueve en el fuero común, de cuarenta y siete bandas dedicadas al mismo detectadas en el diagnóstico Trafficking Assesment Toolde la American Bar Association”.
El Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América e información de la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito califican a México como un “país fuente, de tránsito y destino para la trata de personas para propósitos de explotación sexual comercial y de trabajo forzoso”.
Refrendan legisladores llamado para garantizar libertad de expresión
En la misma reunión se ratificó un llamado al Ejecutivo federal para que se implemente acciones tendientes a garantizar la libertad de prensa y expresión, y detener la ola de violencia y delitos contra periodistas.
En el dictamen se argumenta que el clima de violencia y las condiciones de vulnerabilidad con las que se ejerce el periodismo han colocado a México como uno de los países más peligrosos para desempeñar esta profesión
Al respecto, se acordó solicitar a la PGR revisar los trabajos de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, con el fin de responder a la exigencia de justicia ante los crímenes cometidos contra los comunicadores.
En otro punto de acuerdo, se solicita a las autoridades proporcionar las medidas de seguridad para salvaguardar la vida e integridad de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza, quien ha sido objeto de amenazas por los trabajos de investigación que realiza.
La propuesta señala que es obligación de las autoridades mexicanas proteger y respetar los derechos humanos de las personas que por medio de la profesión periodística hacen posible el ejercicio del derecho a la información.
El riesgo del ejercicio del periodismo en el país, se destaca, se comprueba en “el caso de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza, quien por medio del trabajo de investigación ha denunciado actos de corrupción y de delincuencia organizada que le han implicado ser objeto de amenazas que ponen en riesgo su integridad física”.
Sobre otro asunto, senadores y diputados solicitaron al Poder Judicial del estado de Hidalgo un informe sobre la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del Movimiento por la dignidad de Progreso.
Además, pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a establecer las medidas necesarias a efecto de poder revisar la situación jurídica de las personas detenidas.
Por otra parte, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los poderes judiciales de cada uno de los estados y del Distrito Federal a diseñar e implementar protocolos de impartición de justicia a personas, comunidades y pueblos indígenas, suscrito por los diputados Carlos de Jesús Alejandro, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 29 de mayo de 2013.
De igual forma, se resolvió emitir un exhorto al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero la conducción del juicio de amparo iniciado por la Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V. contra el municipio de Acapulco de Juárez, con estricto apego a derecho.
Lo anterior en relación al conflicto social entre la Administradora Portuaria Integral Acapulco S.A. de C.V. y el municipio de Acapulco, sobre una superficie de terreno federal de 7 mil metros cuadrados, denominado Jardín del Puerto, en el que la empresa concesionaria pretende construir una plancha de cemento para ocuparla como estacionamiento de vehículos de exportación y el Ayuntamiento y diversos movimientos ciudadanos pretenden mantener ese espacio público para recreación y esparcimiento.
Finalmente, se aprobaron diversas solicitudes de permiso para prestar servicios a gobiernos extranjeros, enviadas por la Secretaría de Gobernación, además de solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 Constitucional para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.
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