El Pleno de la Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ampliar la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria a diversos estados, con el propósito de que alcance una cobertura nacional en los sectores agropecuario y pesquero en las zonas de mayor pobreza y alta marginación del país.

En este contexto, conminó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, asigne mayores recursos presupuestales al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

En el contenido del dictamen, los legisladores precisaron que el PESA es uno de los programas punta de lanza en la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues fue rediseñado y reorientado para atender el desarrollo de pequeños proyectos productivos en comunidades rurales en situación de alta y muy alta marginación del país, según lo explicara el secretario del ramo.

A nivel nacional, abundaron, el Proyecto cuenta con un presupuesto total de tres mil millones de pesos para ejercerse en 20 entidades federativas en este año, que son las siguientes: Guanajuato, Yucatán, Tabasco, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Morelos, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en las que se desarrollarán 200 mil micro proyectos productivos y obras de captación de agua.

En este sentido, los legisladores consideraron que la cobertura debería extenderse a estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.

Demanda Permanente información acerca de calidad del aire en el país.

Por otra parte, aprobaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México.

El reporte, agregaron debe incluir detalles sobre la actualización de las normas y programas ambientales, tomando en cuenta los estándares internacionales, así como a los gobiernos estatales para que a través de sus secretarías de Medio Ambiente actualicen sus sistemas de monitoreo de la calidad del aire en sus respectivas ciudades.

En el dictamen, los senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente apuntaron que el estudio “Calidad del Aire en América Latina”, alerta sobre los altos niveles de contaminación a los que están expuestos los habitantes de la región latinoamericana y resalta que las altas concentraciones, la falta de un monitoreo transparente y la existencia de normatividad permisiva son los grandes retos a superar.

Con este reporte -precisan- se busca destacar la importancia del tema de la calidad del aire para los ciudadanos por su alto impacto en la salud pública y su relación con metas internacionales de mitigación de cambio climático.

De igual forma, se da cuenta que “se podrían evitar múltiples muertes prematuras y reducir las tasas de morbilidad si se toman acciones encaminadas a reducir los niveles de contaminación a los que nos encontramos expuestos. Entre otros beneficios, ello permitiría elevar la protección a la salud y lograr ahorros de entre dos mil millones y 6 mil millones de dólares por año”.

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