El diputado priista Javier Guevara González planteó prohibir la comunicación vía internet y de cualquier aparato o dispositivo tecnológico en los centros penitenciarios y que se límite el uso de teléfonos fijos para el personal administrativo.
La propuesta fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente por el diputado del PRI, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, a nombre de Guevara González.
El legislador explicó que el objetivo de su iniciativa es reducir el número de aparatos, que por su avance tecnológico y acondicionamiento, resultan prácticos para la comunicación de reos, pues puede representar “un grave peligro para la sociedad”.
Asimismo, agregó, podría vulnerar las medidas de seguridad que establecen los penales, como lo han venido haciendo hasta nuestros días, ya que este tipo de aparatos se convierten en un arma moderna para los prisioneros.
Aclaró que se busca prohibir el uso de tabletas, radios, celulares, memorias usb y cualquier dispositivo que genere comunicación y sólo permitir el uso de radios conocidos como Matra para los custodios y de teléfonos fijos exclusivamente para las autoridades administrativas de cada penal.
Mencionó que durante décadas “nos enteramos de que circularon este tipo de aparatos por todos los penales del país --y no sólo se toleró-- sino que podemos estar seguros de que se permitía por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia a cambio de sobornos”.
Por ello, dijo que el Poder Legislativo impulsó la restricción de teléfonos celulares y radios de comunicación convencional conocidos como Walkie Talkie.
Sin embargo, expresó que la astucia de los reos “les daba para ingresar artículos novedosos y de mayor calidad” para continuar realizando delitos como extorsiones y amenazas contra las personas en el exterior que, al desconocer la circunstancia en la que se encuentran, caen fácilmente como víctimas de este tipo de ilícitos.
Ello, ha ocasionado que miles de ciudadanos pierdan total o parcialmente su patrimonio para no exponer su integridad física y hasta su propia vida.
Señaló que este tipo de delitos se han extendido por todo el país, “pero las medidas jurídicas y administrativas que se han tomado por parte de las autoridades gubernamentales y de los centros penitenciarios se pueden calificar de deficientes e ineficaces en su operación”.
Lo anterior, precisó, debido a que en la mayoría de los casos se burlan los sistemas de seguridad y vigilancia, además de que la prohibición para el acceso de teléfonos celulares o aparatos tecnológicos se dirige principalmente a los procesados y en menor medida al personal que labora en los centros penitenciarios “sobre todo aquellos que llegan a tener un trato directo con los reos para facilitarles el servicio de llamadas y mensajes al exterior a cambio de una cuota o remuneración”, aseveró.
Ante esa situación, subrayó que es necesario prohibir absolutamente el uso de aparatos o dispositivos dentro de los reclusorios y penales del país, a fin de inhibir la comunicación de los prisioneros con su exterior.
La iniciativa que busca reformar la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación de Sentenciados se envió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
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