Con el objetivo de asegurar que los recursos federales destinados a programas sociales no se utilicen con fines electorales, la Comisión Permanente llamó a las comisiones especiales de Programas Sociales de la Cámara de Diputados y para dar Seguimiento a los Procesos Electorales del Senado de la República, a llevar a cabo la investigación correspondiente con relación a los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS), en Coahuila.
Los legisladores pidieron que en el caso de resultar la posible comisión de delitos electorales, se informe a la instancia correspondiente.
Lo anterior, luego de lo ocurrido y denunciado en Veracruz respecto al desvío de recursos federales con fines electorales y de que las principales fuerzas políticas del país acordaron blindar la implementación de los programas sociales, señala el dictamen.
La Comisión dictaminadora planteó que los programas sociales no deben ser ni pueden servir para comprar, coaccionar y manipular el voto, pues ante los hechos denunciados y con la implementación de la Cruzada contra el Hambre, con los COMPPAS y la Tarjeta Soluciones pareciera que se lucrará con la pobreza de las personas más necesitadas a cambio de condicionar su voto.
Además, en el dictamen se establece que el blindaje electoral de los programas sociales no sólo debe ser una serie de declaraciones de las autoridades y acuerdos entre las fuerzas políticas sino que es importante que las autoridades electorales investiguen y atiendan las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos federales con fines electorales.
Es inadmisible que el apoyo a las personas más necesitadas se condicione a cambio del voto para beneficiar a algún partido político en las siguientes elecciones locales, argumentan los legisladores.
Al hacer uso de la palabra, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, destacó que la corrupción e impunidad es parte de la vida diaria de los mexicanos,  debido a la debilidad de las instituciones.
Dicha situación, dijo, provoca que un campo de la función pública se convierta en arbitrariedad pues los recursos del erario se manejan como si fueran patrimonio personal de altos funcionarios.
En ese sentido, aseguró que ha denunciado las prácticas ilegales, particularmente en las entidades en que se hace mal uso de los recursos por parte de los gobernadores y destacó que la fiscalía contra delitos electorales no funciona porque los gobiernos locales no quieren límites para la compra del voto, aun cuando que gran parte de dicha deuda en los municipios obedeció a fines electorales.
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