Organizaciones civiles se reunieron este jueves en el Senado con senadoras y diputadas a quienes pidieron armonizar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en todas las entidades federativas, además propusieron diversos cambios a este ordenamiento, ya que establece tipos penales que pueden “causar grandes problemas”.
Al respecto, la senadora panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, dijo que existe el plazo de un año para armonizar la Ley con las necesidades de cada entidad federativa y reconoció que existe preocupación por parte de organizaciones civiles de que los gobiernos y congresos estatales no la adecuen como se ha planteado.
Explicó que uno de los objetivos es mejorar el marco normativo para establecer el tipo penal correcto y eliminar los artículos que están duplicados, así como definir cuáles son las facultades de los gobiernos federal y locales.
“Estamos haciendo lo que nos toca y queremos hacerlo de la mano de ustedes, pero también queremos entender lo que significan los límites y responsabilidades de cada quien”, precisó.
En tanto, la diputada del PT, Loretta Ortíz Ahlf manifestó que la trata de personas es el tercer delito que deja mayores recursos al crimen organizado, pues tan sólo en México se calculan ganancias de 45 mil millones de dólares al año.
Sugirió la creación de un tipo penal para que todos los funcionarios que tengan relación con la trata de personas o tráfico de migrantes, sean tipificados.
Por su parte, la diputada perredista Crystal Tovar Aragón dijo que es necesario trabajar de manera conjunta entre sociedad y gobierno, para formular los avances legislativos necesarios que permitan perfeccionar la ley en la materia.
En su turno, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, dijo que es indispensable erradicar la corrupción y simulación de las autoridades, así como crear programas a gran escala para la difusión y prevención de este delito en las escuelas.
Señaló que ante la poca capacidad de las policías se requieren protocolos y planes de investigación efectivos que obliguen a las autoridades a dar seguimiento y castigar este delito.
Destacó que en Tlaxcala la trata representa un tema cultural que tienen arraigados sus habitantes, “es indignante ver como públicamente venden a las niñas, por ello es necesario crear un programa especial para esta entidad”.
Por otro lado, indicó que en el Distrito Federal se inauguró un organismo contra la trata, “sin embargo me parece una simulación, ya que mientras crean una unidad de esta naturaleza, siguen dando permisos para establecer lugares de giros negros”.
Para la activista Rosi Orozco el ordenamiento se debe perfeccionar, pero “todo lo que detenga el proceso de una ley no es normal”, por lo que dijo que se debe hacer un llamado a las autoridades para que el reglamento correspondiente se publique lo antes posible.
De igual forma, exigió a los gobernadores la homologación de la ley “porque quienes sufren este delito están esperando que realmente se les haga justicia y se logre lo más pronto posible”.
En tanto, Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común, afirmó que no existen protocolos de atención, prevención o estadísticas actuales de víctimas de trata ni claridad en la asignación y manejo de recursos.
En este sentido, propuso implementar un Sistema Nacional de Registro de Víctimas, a fin de generar información con elementos reales y concretos para atender este problema.
Subrayó que más del 50 por ciento de la población víctima de trata tiene descendencia indígena, “por lo que se requieren políticas públicas específicas para este sector”.
A su vez, Olga Noriega, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, advirtió que los tipos penales que se establecen en el ordenamiento “van a causar grandes problemas”, ya que no es lo mismo prostitución que abuso o explotación sexual o laboral.
Lo anterior, agregó, puede derivar en “grandes injusticias” porque esa tipología “no es la pertinente, pues derivará en problemas que afectarán desde la prevención hasta el tratamiento de las víctimas.
Por ello, sugirió adecuar la Ley General con la de víctimas, ya que “no se puede ir con conceptos diferentes y con distintos fondos para la reparación del daño”, además planteó integrar protocolos únicos de asistencia reconocidos internacionalmente.
Alejandra Gil, directora de APROASE, organización de trabajadoras sexuales, pidió que se reglamente el trabajo sexual a nivel nacional y se reconozca como un oficio asalariado, con el objetivo de evitar la trata de personas.
“Sí somos víctimas de la sociedad, de las autoridades y de quienes no nos toman en cuenta, por lo que es momento de que volteen los ojos hacia nosotras”, apuntó.
Jaime Montejo, vocero de Brigada Callejera --organización conformada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-- denunció que las autoridades capitalinas utilizan la violencia contra trabajadoras sexuales en operativos policíacos, además de que “las mujeres y niñas rescatadas vuelven a estar en la calle después de 24 horas”.
Asimismo, indicó que en el país 70 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución pertenecen a comunidades indígenas que se encuentran en pobreza extrema.
Por su parte, Verónica Flores, integrante de Fundación Contra la Trata de Personas, señaló que la Ley contiene una estructura que puede generar “grandes confusiones”, pues repite contenidos en diferentes artículos y no específica quién es la autoridad encargada de investigar y atender este tipo de delitos.
En su turno, Belegui López, de la Red Nacional de Refugios, expresó que las personas que se dedican a atender a las víctimas de trata están expuestas a un “increíble riesgo” debido a las bandas de tratantes, por lo que es indispensable incluir que el Estado opere este tipo de centros porque “la seguridad de las personas es responsabilidad de los gobiernos”.
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