El senador Ángel Benjamín Robles Montoya propuso eliminar el Régimen de Consolidación Fiscal, que originalmente fue concebido como un sistema de incentivo a las empresas, pero con la condición de que no produjera un daño a las finanzas del país o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento del  pago del ISR.
El beneficio establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta --destacó-- otorga medidas fiscales especiales a empresarios para alentar la inversión y la creación de empleos, lo que permite que las empresas de un mismo grupo económico, denominadas controladas, determinen su resultado fiscal de manera conjunta, a través de su controladora, pagando únicamente el ISR correspondiente a todo el grupo.
El problema de dicho régimen, expresó, está en el proceso de deducir las pérdidas de algunas de las empresas contra las utilidades de otras, ya que los consorcios han recurrido a la creación de empresas “diseñadas” expresamente para perder, con lo que se les permite posponer o diferir el pago de los impuestos que deberían entregar a las autoridades de Hacienda, a pesar de tener utilidades de miles de millones de pesos.
Ello, da como resultado que debido a la existencia de este régimen de privilegios, grandes grupos empresariales que obtienen enormes ganancias, pagan una contribución mínima al fisco, aseguró.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el senador por Oaxaca subrayó que en 2010 se modificó dicho régimen con lo que se impide a las empresas que consolidan diferir impuestos de forma indefinida, estableciendo un plazo de cinco años para su liquidación, además de obligar al pago de ISR por los dividendos distribuidos entre empresas del grupo.
Sin embargo, el esquema actual permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata para generar pérdidas o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el pago del impuesto por largos periodos de tiempo, observó.
Explicó que se considera que el régimen de consolidación es un gasto fiscal, debido a que se difiere el ISR al permitir anticipar la amortización de las pérdidas de las empresas controladas o de la controladora contra las utilidades de otras empresas controladas o controladora según sea el caso y además, no gravar los dividendos contables que se distribuyen dentro de las empresas del grupo que consolida.
Al respecto, el senador Robles Montoya destacó que de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los presupuestos de gasto fiscal de 2010 al 2013, las pérdidas en la recaudación del ISR debidas al Régimen de Consolidación Fiscal ascienden a 46 mil 534 millones de pesos. “Para el presente año 2013 se estima una pérdida de 12 mil 352 millones de pesos, mientras que para 2012 fue de 12 mil 472 millones de pesos”.
Por otra parte, mencionó que en los Gastos Fiscales por Diferimientos en el Impuesto Empresarial a Tasa Única la mayor pérdida recaudatoria se deriva del crédito del ISR que pueden efectuar las empresas controladas en contra del IETU propio, ya que se les permite acreditar el impuesto enterado a la controladora, independientemente si ésta realizó efectivamente el pago total de dicho impuesto.
“Para el ejercicio 2012 la pérdida estimada fue de 9 mil 840 millones de pesos, mientras que para el 2013 será de 10 mil 218 millones de pesos; en conjunto las pérdidas reconocidas en el Presupuesto de Gasto Fiscal para los ejercicios del año 2010 al 2013 suman 43 mil 613 millones de pesos”, puntualizó.
Las empresas controladas pueden acreditar en contra del IETU el total del ISR entregado a la controladora, independientemente de si éste es efectivamente enterado al fisco por la controladora; por ello, a diferencia de otros contribuyentes, las empresas que consolidan pueden acreditar un ISR mayor al que efectivamente pagaron, agregó.
Finalmente, urgió a derogar el régimen sin afectar a los grupos que actualmente consolidan en cuanto a los años que tienen para cubrir los impuestos actualmente diferidos y no permitir que las empresas de nueva creación utilicen el esquema viciado y que claramente atenta contra los intereses de la Nación.
La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del Código Fiscal de la Federación, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
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