La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del Artículo 26 de la Constitución en materia de competitividad, remitiéndola para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior tras recibir los oficios de 19 Congresos Estatales que aprobaron la reforma constitucional en mención: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
En este contexto, diputados y senadores de diversas fuerzas políticas reconocieron la necesidad y urgencia de que el Congreso impulse las leyes secundarias pertinentes, a fin de que se cumpla el precepto de competitividad que requiere el país, pero también las legislaciones complementarias a las reformas en materia de Educación y Telecomunicaciones.
En uso de la palabra, el senador perredista Armando Ríos Piter consideró que al reconocerse constitucionalmente que la competitividad debe ser un principio que rija a la economía, es necesario reflexionar sobre el tipo de debate que se da en el Congreso.
Al referirse a la concentración en 7 bancos del 80 por ciento de la actividad financiera, el legislador cuestionó: “Se incluye el concepto de competitividad, pero qué tanto estamos dispuestos –en el Congreso de la Unión- a salirnos de la lógica de instituciones extractivas que han predominado en este país, de instituciones de compadrazgo, de ayuda a unos cuantos amigos y pasar a lo que verdaderamente requiere este país”.
Por su parte, el senador panista Héctor Larios Córdova calificó como pertinente reflexionar respecto a que se han logrado reformas en materia laboral, educativa y económica, “pero no han aterrizado en leyes secundarias, creo que el Congreso tiene la grave tentación de quedarse en reformas constitucionales y no aterrizarlas en los instrumentos jurídicos”, necesarios para lograr realmente alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo.
Expuso que en este mismo caso se encuentra el decreto en materia de competitividad, donde “en realidad modificamos la Constitución, formalizamos el acto de promulgación de la reforma constitucional al 25, pero no por ello la realidad en el país va a cambiar, esto será sólo si hay cambios en la industria petrolera que permita la inversión”.
En su turno, el diputado priísta Alberto Rodríguez Calderón consideró que existe un amplio consenso entre las fuerzas políticas y actores sociales sobre la necesidad impostergable de promover procesos tendientes a la transformación de la participación del Estado en la economía nacional”, a fin de que México se adecue a la dinámica de la fuerte competencia de los mercados globales y de esta forma ampliar el empleo, así como ingreso de los trabajadores y puedan alcanzar estándares de vida dignos y decorosos.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, consideró que “nada va a cambiar, México sigue postrado a un proyecto neoliberal, desnacionalizador y entreguista”, al vaticinar que proseguirán las movilizaciones de inconformidad contra las “mayorías mecánicas en el Congreso que se oponen al interés de la población”.
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