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El Senado de la República demandó al Ejecutivo Federal suscribir el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso Sexual, como Convenio de Lanzarote.

El Convenio de Lanzarote surgió como el tratado internacional más avanzado y completo en materia de protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, con un amplio consenso entre los estados miembros del Consejo.

Su objetivo, detallaron los legisladores, es prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños; proteger los derechos de los niños víctimas de explotación y abuso sexual y promover la cooperación nacional e internacional contra la explotación y el abuso sexual de los niños.

Como parte esencial, especificaron, establece un mecanismo de seguimiento para ayudar a las partes a cumplir con los compromisos asumidos por su ratificación.

La protección de los niños, centrándose en la totalidad de sus derechos y buscando asegurar su bienestar, se convierte en el puno focal del Convenio de Lanzarote que pugna a favor del interés superior del niño.

En este sentido, México, al ser parte del Consejo de Europa como observador, puede firmar y ratificar el Convenio. Su adhesión implica un esfuerzo jurídico contundente en el combate a la explotación y abuso sexual infantil, que van desde la adopción de medidas legislativas, pasando por la inclusión de los diversos miembros de la sociedad, así como la atención inmediata y efectiva a las víctimas de este delito, con lo que se reflejaría el compromiso del Estado mexicano de respetar los derechos fundamentales.

Además, se armoniza con los esfuerzos legislativos domésticos como la reforma constitucional de octubre de 2011, en la que se estableció en que todas las decisiones y actualizaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a menores de edad.

Así como expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte.

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