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El senador Fernando Herrera Ávila indicó que la imposibilidad de acceder a la banca comercial por parte de la mayoría de los mexicanos, es lo que hace que sea muy “apetecible” acercarse a las cajas de ahorro. En efecto, “en nuestro país hay más de 15 millones de mexicanos que concurren al sistema de ahorro y préstamo que se otorga a través de las sociedades cooperativas”, señaló.
No obstante, ante los actuales brotes de fraude en dichas fuentes de financiamiento, el Senado debe trabajar en esta materia para buscar la manera de replicar los modelos que operan exitosamente, así como evitar la impunidad de los defraudadores.
Igualmente, dijo, los estados deben compartir la función de supervisar dichos mecanismos, pues finalmente son ellos quienes se pueden dar cuenta de la publicación de ofertas con rendimientos muy por encima de lo que otorga el mercado nacional.
En este sentido, el Secretario de la Comisión de Fomento Económico criticó a la actual iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, ya que pretende excluir la responsabilidad estatal y dejarla meramente en la “alimentación financiera del ámbito federal”.
Por su parte, la senadora Marcela Guerra Castillo coincidió en que el problema de ahorradores defraudados se debe atender pero no con recursos del Estado. Advirtió que si no se atacan las causas, este tipo de fraude “no va a acabar nunca”. Para dar solución es necesario que exista una democratización del sistema financiero, es decir, que los servicios financieros –especialmente los de crédito- estén al alcance de todos.
Al mismo tiempo, la senadora afirmó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe regular este ámbito y establecer una tarea de inspección permanente; razón por la que se pronunció a favor de citar a las autoridades correspondientes para saber qué labor están realizando en este aspecto.
El senador Teófilo Torres Corzo añadió que si no existe un financiamiento a la pequeña y mediana industria, no podrá haber fomento económico. Por ello, se debe actuar para que los bancos en nuestro país apoyen el crecimiento industrial y no vean únicamente por sus intereses.
En un tema relacionado con el Acuerdo para el Crecimiento, Empleo y Competitividad del Pacto por México, en el cual participa la Comisión de Fomento Económico, integrantes de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) realizaron la presentación del “Estudio de Agendas Digitales para la Elaboración de un Programa de Desarrollo Digital 2012-2018”. El presidente de la AMIPCI, Fernando Gurrola Álvarez, hizo hincapié en la importancia de acelerar el desarrollo y la competitividad de nuestro país, por lo que solicitó al Senado aprobar la Reforma de Telecomunicaciones y acabar así con los inhibidores del mercado que han detenido el crecimiento en este sector.
Respecto a la proposición con Punto de Acuerdo presentado por la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez,  por el cual exhorta al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES), se informó que se está preparando el dictamen respectivo, el cual declarará improcedente el exhorto de referencia. Esto dado que dicho Instituto existe jurídicamente y se encuentra en tiempo para la realización de asambleas regionales y el Congreso Nacional.
Durante la reunión de trabajo también se le dio la bienvenida al senador Ruffo Appel quien, por aprobación de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, dejó de formar parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería para ingresar a la Comisión de Fomento Económico. Los integrantes coincidieron en que la visión y conocimiento del Senador sobre el noroeste del país enriquecerán a la misma.
En cuanto a la formación del Grupo de Trabajo que discutirá la nueva Ley General de Organizaciones Cooperativas, se informó que el titular de la Secretaría de Economía designó a Andrés Pérez Frías, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, como su representante.
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