{audio}2013/boletines/abr/2013-04-11/1333.mp3{/audio}
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 85 votos un dictamen donde se establecen las condiciones en las cuales el Ministerio Público Federal podrá atraer delitos del fuero común cometidos contra periodistas, medios de comunicación y ataques contra las libertades de información y expresión.
De manera unánime, la asamblea avaló reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República, así como del Código Penal Federal.
En el texto se señala que estos cambios permitirán a l as autoridades federales brindar una mejor atención a los periodistas y personas que se dedican a actividades relacionadas a la libertad de expresión, quienes en los últimos años han sufrido vejaciones, ataques a su integridad física, privaciones de su libertad y otro tipo de vulneraciones de sus derechos.
Deja en claro que en México las personas que realizan la actividad del periodismo se encuentran en una situación vulnerable y su integridad física y vida pueden verse amenazadas tanto por agentes estatales como no estatales.
Hace notar que la mayoría de los casos de agresiones a periodistas encuadran en los delitos del orden común y muchos de ellos son permitidos o generados por las autoridades locales, por lo que la justicia se hace inaccesible para las víctimas.
Esta reforma promoverá el fortalecimiento de la estructura orgánica encargada de conocer de este tipo de delitos, ya que se asegura que se agotará la línea de investigación que emprenda la PGR sobre delitos relacionados con el derecho a la información y la libertad de expresión.
“Los delitos en contra de periodistas o medios de comunicación serán investigados hasta su conclusión, evitando que, por tecnicismos orgánicos, éstas se vean relegadas en el proceso investigativo del órgano ministerial”, se precisa en el documento.
Uno de los aspectos destacados de esta serie de modificaciones es conferir al Ministerio Público de la Federación la facultad de atraer y a los jueces federales la competencia para juzgar delitos del fuero común cometidos contra quien ejerza el periodismo, siempre que se presuma intencionalidad dolosa.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, señaló que el Senado aprobó un dictamen de relevancia para la vida democrática del país y para fortalecer mecanismos de protección a periodistas.
El senador de Acción Nacional destacó que se logra un avance en la defensa de la libertad de expresión y se establece la conectividad de delitos del orden federal y local con la facultad de atracción por parte del MP.
Condenó que hoy en día no sea seguro ejercer la actividad periodística y calificó de penoso el hecho de que México ocupe el primer lugar en el mundo en el que ser periodista implica el mayor riesgo de atentado contra la vida.
“México no puede tener el indecoroso lugar de ser el país donde la profesión periodística se ejerza con miedo. Estamos empeñados en crear mejores mecanismos legales y constitucionales para hacer efectivo los derechos de información y expresión”, manifestó.
Por su parte, la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, sostuvo que al aprobar este dictamen el Senado da “un gran paso” en la atención al reclamo que el gremio periodístico ha exigido al Congreso para que haya garantías en las actividades que éstos desempeñan.
Aseguró que estas modificaciones no demeritan el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
“No es atribución desaparecer la Fiscalía” porque fue creada por un decreto de la PGR, en función de sus facultades inscritas en su Ley Orgánica, explicó la legisladora perredista.
Se pronunció por continuar con el esfuerzo de fortalecer al Estado de derecho y otorgar a los ministerios públicos atribuciones para que no exista impunidad.
En tanto, la senadora priista Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, celebró esta nueva regulación del derecho a la libertad de expresión en beneficio de aquellas personas que ejercen el periodismo.
Señaló que la reforma reconoce que los comunicadores son un sector contra el que se han acentuado las agresiones y violaciones a sus derechos humanos.
“Gran parte de las agresiones contra la libertad de expresión constituyen delitos de competencia de la autoridad local, y cuando éstos trasciendan del ámbito de las entidades federativas, serán investigados por la autoridad federal para garantizar mayor eficacia y evitar la impunidad”, aclaró.
Por su parte, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, expuso que al proteger la labor periodística, el Senado también rinde un reconocimiento al senador Belisario Domínguez, en el año del centenario de su asesinato.
“Estamos haciendo votos por reconocer este pilar fundamental de la democracia. Sólo con el libre ejercicio de este derecho podremos pensar que México es un país democrático, pero mientras haya periodistas que cierren sus medios, no podemos decir que México lo es”.
En su turno, el senador del PAN, Fernando Yunes Márquez, dijo que los delitos en las entidades federativas no son perseguidos de manera correcta. “Se ha buscado asesinar a la libertad de expresión y la divergencia de ideas”.
“No podemos --dijo-- dejar pasar por alto que muchos estados son más complicados que cubrir un conflicto armado en Afganistán. No podemos permitir que la libertad de expresión se vea asesinada en México, que los medios sean desmantelados por no coincidir con las ideas de los gobiernos”.
La senadora Graciela Ortiz González, del PRI, expuso que México ha sido nombrado el país latinoamericano más peligroso para ejercer el periodismo, al ocupar el lugar 149 de 179 en el ranking mundial según la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras.
La incidencia de crímenes fatales contra periodistas en el sexenio pasado aumentó en más de 240 por cierto respecto a la administración de Vicente Fox. En promedio, 10.4 homicidios de periodistas por año fueron se registraron en la administración de Felipe Calderón, manifestó.
Para hablar a favor del dictamen, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, de Acción Nacional, subrayó que las reformas legales aprobadas continúan la construcción de un México respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la información, que es parte central de los derechos fundamentales de las personas.
Garantizar la impartición de justicia en los casos en que los periodistas y medios de comunicación se vean vulnerados en sus derechos o relacionados con su actividad, explicó, es una obligación irrenunciable de las autoridades, en especial de las que deben legislar la reglamentación secundaria de la facultad de atracción avalada.
La legisladora también hizo un llamado al presidente de la República para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad porque las reformas aprobadas, a pesar de ser un avance importante en la protección del derecho de expresión, son insuficientes si no se implementan acciones serias que conlleven estrate gias puntuales del gobierno federal.
En tanto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya destacó que la CNDH dio a conocer en el año 2000 que se recibieron 807 quejas por agravios a periodistas y que desde 2005 fueron registrados 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores.
Dijo que en los últimos cinco años se han investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación, razón por la que es importante el tema y la necesidad de que el Senado asuma el compromiso de sacar adelante la reforma, “por los riesgos y amenazas que la realidad impone al ejercicio de la labor periodística, libertad de expresión y derecho de información”.
“Vale la pena recordar que el relator especial de ONU sobre protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión, señaló que en México las agresiones contra periodistas no provienen solo del crimen organizado sino del Estado”, como represalia en contra de quienes investigan asuntos públicos como corrupción”, puntualizó.
En su oportunidad, el senador del Partido del Trabajo, Marco Antonio Blásquez Salinas, enfatizó que la eliminación, en el dictamen, de la Fiscalía Especial para Atender los Delitos Contra Periodistas, es preocupante, pues buscaba proteger su labor, con lo que se descarta la posibilidad de que sean creadas también a nivel estatal.
La creación de la Fiscalía, explicó, no es un capricho que el gremio y las agrupaciones demandaran sino una realidad, una necesidad absoluta y al negar su creación se genera una iniciativa incompleta.
Asimismo, invitó a la Procuraduría General de la República a contemplar en el marco de los 180 días de restructuración, la existencia de la Fiscalía, a fin de que se fortaleza o se especifique con claridad qué instancia será la competente para investigar los delitos relacionados con la libertad de expresión.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde será analizado.
--oOo--