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El Senado de la República aprobó por 84 votos a favor y 6 en contra, un dictamen que tiene por objeto reconocer como energía renovable a aquellas centrales de generación hidroeléctrica que tienen una densidad de potencia mayor a 10 watts por metro cuadrado.
Con ello se reflejaría de forma más fehaciente el uso óptimo de los recursos, estableciendo cuál proyecto podría tener un mejor impacto ambiental en relación con su generación de energía eléctrica.
El dictamen enviado a la Cámara de Diputados, reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Establece que este parámetro esta considerado en las metodologías avaladas por la Convención Marco de las Naciones Unidas y se emplea para determinar la línea base de los proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
El documento indica que “al adoptar el parámetro, se facilita el desarrollo de proyectos con menor impacto social, ambiental y económico”.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub, manifestó que esta reforma permitirá alinear el objetivo de promoción de las fuentes renovables con los parámetros definidos por las Naciones Unidas.
Dijo que a través de la armonización de estos criterios se podrá acceder a los mecanismos de desarrollos limpios, a fin de aprovechar los recursos nacionales de manera óptima y ayudar a la transición energética.
Expresó que se atenderán las preocupaciones certificadas a nivel internacional, respecto a la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de presas, cuyo fin sea la generación de electricidad.
El senador del PRD, Rabindranath Salazar Solorio, precisó que la reforma beneficia al medio ambiente y al entorno, plasmando una amplia visión de lo que debe ser el uso y aprovechamiento de las energías renovables.
En tanto, el senador del grupo parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz señaló que el dictamen abre la capacidad hidráulica a inversiones privadas y se les da la posibilidad de recibir financiamiento para la transición energética.
El legislador dijo que “se pretende burlar la Constitución, privatizar la energía eléctrica y acabar con proyectos de empresas nacionales”.
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