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El senador panista Juan Carlos Romero Hicks presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, a fin de prohibir que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

El documento establece que en ningún caso la inscripción, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas, podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones de este tipo.

Sin embargo, propone que las asociaciones de padres de familia participarán en la aplicación de cooperaciones que hagan ellas mismas al establecimiento escolar, las cuales serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Advirtió en la tribuna que el hecho de realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, será  sancionado bajo las disposiciones legales o administrativas relacionadas con el servicio público educativo.

Refirió que  el monto de las aportaciones voluntarias en 2010 ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos; asimismo, hasta 2011, en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en un 97.7 por ciento de las escuelas.

Aunado a estas prácticas se añaden dijo la desigualdad y la pobreza, que impiden el acceso a la educación, por lo que 51 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años con un tutor sin escolaridad no terminan la primaria; 43.2 por ciento de quienes viven en zonas rurales y 42.9 por ciento de los indígenas.

“Para el legislador es claro que en el país existen barreras económicas que aún obstaculizan el acceso a los servicios educativos, si se les suman las prácticas que condicionan dichos servicios a la entrega de cualquier tipo de contraprestación, habría un ensanchamiento de la espiral de exclusión, pobreza y marginación”.

Puntualizó que es propósito de los promoventes reiterar el acceso a la educación como un derecho fundamental de toda persona, que bajo ninguna circunstancia, puede condicionarse o limitarse, pues ello haría “nugatorio” el derecho a la educación.

La iniciativa suscrita por diversos grupos parlamentarios fue enviada a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos. 

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