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Si bien se ha dado un paso significativo con la presentación de la reforma en telecomunicaciones, es preciso extender la competencia a los sectores de bienes de consumo y servicios básicos que impactan de forma más importante en el ingreso de los consumidores y son fuente de exclusión a las empresas micro, pequeñas y medianas, aseguró el senador Armando Ríos Piter.
Para ello, propuso que la Comisión Federal de Competencia se convierta en la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que este es uno de los ámbitos “donde más presión pueden ejercer los llamados poderes fácticos sobre el Estado” y ello permitiría que las decisiones del órgano se tomen con base en el interés público.
En su exposición, el legislador perredista citó que según un estudio de la OCDE el 30 por ciento del gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, lo cual implica un gasto de alrededor de un 40 por ciento más que si hubiera competencia.
En México --dijo-- la falta de competencia se deriva, especialmente, de lo que Joseph Stiglitz, Premio Nobel 2001, denominó un “capitalismo de compadres” o “amiguista” en el que importa más el peso político de los actores económicos que su capacidad para aumentar su productividad a través de la inversión y la innovación.
Al detallar los motivos de su iniciativa, Ríos Piter coincidió en la necesidad de crear tribunales especializados en la materia, en aras de una mayor agilidad en los procesos para evitar que el daño a los competidores y consumidores sea irreparable.
Recomendó fortalecer las capacidades del órgano regulador, mediante la investigación de mercados integrados tanto vertical como horizontalmente y una serie de facultades para proponer medidas tendientes a romper aquellas integraciones y cuellos de botella que limiten el funcionamiento como mercados competitivos.
De la misma manera, sugirió que la CFCE genere recomendaciones a los estados y municipios en materia de legislación y demás actos de gobierno que restrinjan la competencia, así como sanciones “contundentes”, incluyendo penales, ante la falta de competencia.
Al respecto, planteó aplicar multas hasta por el equivalente a 400 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, “a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales”.
Entre otras innovaciones, el legislador por Guerrero propuso fortalecer la política de competencia para que ponga en primer término a los consumidores e impulse a las MiPymes y así evitar que pequeños y medianos empresarios “sean artificialmente excluidos” y los consumidores afectados en su canasta de consumo
La iniciativa que reforma varias disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica se turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda.
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