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Ante el gran número de migrantes involucrados en asuntos delictivos que no cuentan con los recursos para contratar quien los defienda en dichos procesos y que muchas veces los dejan en un estado vulnerable ante la impartición de justicia, el senador Héctor Yunes Landa propuso que el Estado otorgue el servicio de defensoría de oficio a los migrantes.
Para ello, presentó al Pleno, una iniciativa para modificar la fracción VI y una adición a la fracción VII al artículo 15, de la Ley Federal de Defensoría Pública, y, a su vez, se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente para quedar como tercero, al artículo 11 de la Ley de Migración.
La iniciativa destaca que: la inseguridad, la falta de certeza jurídica, y la calidad migratoria de las personas, han sido factores para que los grupos del crimen organizado encuentren una forma de financiamiento ilícito, particularmente con acciones vinculadas a la comisión de delitos.
Por lo tanto, sostuvo el senador priista, es necesario adecuar el marco jurídico existente en la Ley de Migración, en la cual ya se había avanzado en la protección de los derechos de los migrantes, sin embargo, existían disposiciones que deben adecuarse para ser congruentes con los conceptos que le dieron origen con sus principios y fines que persigue.
En la exposición de motivos, el senador explicó que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio, y la falta de desarrollo económico e inestabilidad socio-política son las causas principales de la migración en Centroamérica, por lo que es necesario abordar el tema migratorio desde una política a nivel nacional para considerarlo parte fundamental de la agenda federal.
Así mismo, puntualiza que: “lamentablemente, es bien sabido que día a día los migrantes son víctimas de diferentes agresiones; basta con observar los informes que han emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil con relación a los delitos que se cometen en contra de este sector, principalmente secuestros, extorsiones y abusos sexuales”.
El senador Yunes Landa, si bien, reconoce las acciones del Gobierno Federal ante la creciente ola de violencia acentuada en el periodo 2006-2012 detonada por el crimen organizado, hace hincapié en que tales acciones fueron simples, y ausentes de estrategias de prevención y mitigación de la violencia.
En cuanto a la Ley de Federal de Defensoría Pública, que esencialmente contempla la defensa de los grupos vulnerables; la iniciativa presentada por el senador priista, contempla incluir a los migrantes, para que los servicios que reciban, independientemente de su condición migratoria, sean gratuitos y sin restricción alguna
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