La Comisión Permanente dio entrada a un exhorto de la senadora priista María del Socorro García Quiroz, para que se otorguen recursos extraordinarios a policías estatales y municipales de Guerrero.

En tribuna, García Quiroz, detalló que el llamado va dirigido al Ejecutivo federal, a fin de que libere recursos extraordinarios para aumentar las prestaciones y sueldos de policías, modernizar su equipamiento y capacitarlos adecuadamente para hacer frente al crimen organizado.

En la propuesta, apoyada por los senadores Fernando Castro Trenti, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, se destaca que en la escalada de la violencia que vive Guerrero el esfuerzo de las autoridades de los 81 municipios, se ha visto superado por el crimen organizado.

“El trabajo de los 81 ediles, apoyados por la intervención del Ejército mexicano, se ve eclipsado por la falta de capacidad para continuar con las medidas requeridas para enfrentar y prevenir la criminalidad que se vive en el estado”, agregó la legisladora.

Los delincuentes, sin hacer distingo alguno, lo mismo ejecutan a policías municipales que estatales, a jefes policíacos, funcionarios públicos y civiles, añadió.

En este orden de ideas, la senadora por Querétaro refirió que tan sólo el pasado fin de semana se contabilizaron 29 homicidios relacionados con el crimen organizado en la entidad.

Destacó que las acciones tomadas por los gobiernos municipales no se ven reforzadas de manera efectiva por el gobierno federal.

De acuerdo con el índice de inseguridad ciudadana y violencia 2010 publicado por México Evalúa Guerrero se sitúa en el octavo sitio entre las entidades más inseguras y violentas del país, informó García Quiroz.

Además, los homicidios se incrementaron 50 por ciento en un lapso de 12 meses, llegando a 45 por cada 100 mil habitantes y que hubo 4 mil 100 víctimas por cada 100 mil habitantes; es decir, 25.25 homicidios intencionales (sin ejecuciones) por cada 100 mil habitantes; 20.32 ejecuciones por cada 100 mil habitantes; y dos mil 112 delitos a mano armada por cada 100 mil habitantes.

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