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El senador Francisco Búrquez Valenzuela presentó una iniciativa para que la Comisión Federal de Competencia (CFC) sea un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargada de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones.

La Ley, explicó, debe establecer que la CFC no esté subordinada a autoridad alguna y que las decisiones sean adoptadas con independencia, así como garantizar que este órgano cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

El legislador panista señaló que actualmente la Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, dotado de autonomía técnica y operativa para dictar sus resoluciones, integrado por cinco comisionados, incluido su presidente, los cuales son designados discrecionalmente por el titular del Ejecutivo Federal.

Dicha situación, dijo, no garantiza la completa autonomía de la Comisión respecto del Ejecutivo, ya que existe una clara jerarquía de la Secretaría de Economía sobre el regulador, con lo que se podría, en un futuro, limitar la capacidad del órgano, para ejercer con independencia, eficacia, objetividad, eficiencia e imparcialidad sus funciones.

Por ello, propuso que los comisionados, designados por el Ejecutivo Federal sean ratificados por mayoría calificada en la Cámara de Senadores.

La autonomía de la Comisión Federal de Competencia se alcanzará mediante la autonomía de la decisión, gestión y presupuestaria, ya que esto implica que para efecto de las resoluciones, no esté subordinada a autoridad alguna y sus decisiones contarán con la garantía de ser absolutamente independiente, aseguró el legislador.

Así mismo, Búrquez Valenzuela consideró importante que  la Comisión cuente con amplias facultades de investigación para hacer efectivas las visitas de verificación, de las cuales se recaban pruebas de prácticas monopólicas.

Por ello, pidió que no se limiten exclusivamente a requisitos de información, que previamente fueron solicitadas, “pues el elemento sorpresa que pudiera tener una visita, desaparece completamente al notificar antes el requerimiento de información y luego realizar la visita”.

A su vez, propuso dar facultad al funcionario público autorizado para que solicite el auxilio de la fuerza pública cuando el agente económico se resista a la visita domiciliaria, pues actualmente el proceso es tardado y favorable para el ocultamiento o destrucción de la información.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

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