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Con la finalidad de establecer y garantizar el derecho de las personas mayores de 65 años a recibir una pensión alimentaria por parte del Estado, el senador perredista Raúl Morón Orozco propuso reformar la Constitución.
Asimismo, planteó incluir en el texto constitucional que toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno, activo y productivo, por lo que será deber del Estado garantizar que en la legislación, planeación del desarrollo, políticas y programas públicos se contemple un marco de protección integral de las personas de la tercera edad.
De igual manera, busca promover la inclusión social de los adultos mayores y su acceso al ámbito laboral, a la atención de la salud, la educación y la vivienda, además de protegerlos de toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación.
El legislador destacó que se trata de una medida justa que reconoce la aportación de este sector de la población al desarrollo del país y les devuelve la autonomía y dignidad que les es negada constantemente.
Hizo notar que nuestro país no está preparado para garantizar un envejecimiento digno a las futuras generaciones, debido a que “seguimos tomando decisiones coyunturales, remediales y emergentes, en vez de construir políticas de Estado”.
Refirió que cerca de 3.5 millones de adultos mayores viven en pobreza y más de 800 mil se ubican en miseria, además de que la mitad de la población en esta edad se encuentra en rezago educativo.
Aunado a ello, mencionó que es común que se les niegue atención médica o que ésta sea de baja calidad o con malos tratos y pocos acceden a la atención geriátrica y a la prevención contra enfermedades degenerativas.
Otro grave problema --agregó-- es el de la violencia, que también permanece invisible ante las autoridades y según estudios académicos los casos de maltrato hacia ancianos en México duplican el promedio de toda América Latina.
“Ésta es una pequeña parte de un diagnóstico grave, pero más grave es la indiferencia o indolencia de la sociedad y del poder público”, apuntó.
Por ello, explicó, la reforma busca rescatar el carácter social y solidario de las políticas públicas dirigidas a las personas de la tercera edad, pues no basta con programas de apoyos condicionados, que dependen en todo caso de la voluntad del gobernante en turno.  
Puntualizó que es indispensable generar un cambio cultural en México, a efecto de construir una sociedad de respeto, reconocimiento y aprecio a los adultos mayores y generar una percepción positiva del envejecimiento porque “es un proceso que nos concierne a todos”.   
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación correspondiente.
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