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La Cámara de Senadores solicitó a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado que guarda la educación superior y del avance de la reforma integral para la media superior en el país.

Los senadores establecieron que la disponibilidad de los recursos financieros requeridos para hacer factible la masificación de la educación superior, depende no sólo del desempeño de la economía sino de la construcción de acuerdos entre los actores relevantes para  dar la máxima prioridad a la ampliación de las oportunidades educativas.

Además, destacaron que la dinámica del sistema de educación superior está vinculada con las trayectorias y los avances de los niveles educativos previos, muy particularmente con la matrícula y la eficiencia terminal de la educación media superior.

Las expectativas de crecimiento de la cobertura de la educación superior se cristalizarán cuando se concrete su universalización y, con ello, crecerá el número de alumnos suficientemente preparados para transitar del bachillerato a la educación superior.

Los legisladores especificaron que el reporte deberá incluir también información sobre el proceso de implementación del Acuerdo Secretarial número 656, que se refiere a la incorporación de las Humanidades a la Educación Media Superior.

En el dictamen aprobado se precisa la necesidad de que las disciplinas filosóficas se ofrezcan a estudiantes en forma autónoma, ya que la sociedad mexicana requiere forzosamente que sus ciudadanos tengan armas para enfrentar los dilemas éticos.

Además, requieren de la lógica para argumentar sólidamente, conocer las múltiples dimensiones de la filosofía, de una educación estética sostenida por una base cultural sólida que contribuya a que puedan situarse en el mundo y tengan la inventiva suficiente para poder sobrevivir.

Pide Senado reconsiderar tarifas aplicadas a instituciones particulares por pago de derechos por servicios prestados SEP

En otro dictamen aprobado por el Senado de la República, los legisladores exhortaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México a reconsiderar las tarifas aplicadas a las instituciones particulares por concepto de pago de derechos relativos a los servicios prestados por la Secretaría de Educación y por el Organismo Público Descentralizado denominado: Servicios Educativos Integrados del Estado de México.

A su vez, llamó al titular de la SEP y al Director General de los Servicios Educativos Integrados de del Estado de México a fortalecer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto de las instituciones educativas particulares que no cumplan con la normatividad vigente.

En el dictamen los senadores señalaron que la dinámica demográfica, económica y social hace necesario el fortalecimiento del sistema educativo, con el fin de que todos los jóvenes mexiquenses tengan acceso a una educación de calidad.

Por ello, apuntaron los senadores, las autoridades deben integrar y coordinar instituciones, tanto públicas como privadas, que sean capaces de impartir educación de calidad para mejorar las condiciones de vida de los individuos y de la sociedad.

En ese sentido, se requieren incentivos que multipliquen la oferta para quienes están en edad de matricularse en los servicios educativos impartidos por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial.

Asimismo, advirtieron que una de las vías para fomentar el crecimiento de la matrícula escolar implica que los costos de la autorización para impartir servicios educativos sean accesibles.

El Senado de la República solicitó  al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a remitir un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan los programas educativos implementados por dicha institución y las acciones que, en su caso, serán instrumentadas para combatir el rezago educativo y el analfabetismo.

También pidieron a las autoridades educativas federal, estatales y municipales a que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las estrategias encaminadas a abatir los rezagos del Sistema Educativo Nacional.

Establecieron, además, que “una educación que produce un capital humano más rico y variado reduce las desigualdades sociales”, por lo que las políticas educativas están obligadas a ser fuerza impulsora del desarrollo pleno de este derecho humano.

Al mismo tiempo, consideraron necesario fortalecer las estrategias encaminadas a abatir los rezagos e inequidades del sistema educativo nacional, que han sido rebasadas por la insuficiencia de recursos para enfrentar el desafío de una demanda creciente y de costos unitarios cada vez más altos.

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