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Senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público ratificaron a Marcela Andrade Martínez, Oscar Molina Chie, José Genaro Ernesto Lunas Vargas, Alejandro Chacón Domínguez y Jaime Eusebio Flores Carrasco, como empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Andrade Martínez encabezará la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; Molina Chie, la Administración General de Grandes Contribuyentes y Lunas Vargas ocupará la Administración General de la Auditoría Fiscal del SAT.
En tanto, Chacón Domínguez se desempeñará como administrador general de Aduanas, mientras que Flores Carrasco será el administrador jurídico del SAT.
Previamente, los senadores cuestionaron a los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal sobre supuestos conflictos de interés --debido a que algunos de ellos laboraron en consultorías y agencias privadas—en materia de condonación y devolución de impuestos a grandes contribuyentes, combate a la corrupción y juicios fiscales, entre otros temas.
Al responder, Andrade Martínez aseguró que no tiene ningún conflicto de interés, pues cuando laboró en el Despacho Protego, trabajó “con todos los partidos políticos” en la restructuración de deuda y en asesoramiento directo con secretarios de finanzas en 30 estados.
Explicó que no toda la deuda que se “trabajó” en Protego es adicional, es decir, “mucha de ella es refinanciamiento”, además se planteaban mecanismos de límite de endeudamiento que no existen en leyes locales, a efecto de reordenar las finanzas de las entidades.
Dijo que con esa labor “varios estados que se refinanciaron, con el tiempo mejoraron su calificación porque se traen estos lineamientos de estructura que los obligaba a un buen comportamiento financiero”.
Por ello, informó a los legisladores que “esa es la parte que trasladaría a la Unidad de Coordinación”, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas.  
A su vez, Molina Chie manifestó que su labor será “relativamente sencilla”, ya que la condonación de créditos fiscales es un derecho que se les otorgó a los contribuyentes y “nuestro margen de operación es sólo llevar a cabo lo que dicen las leyes” al respecto.
Mencionó que actualmente están registrados cerca de 18 mil grandes contribuyentes, de los cuales hay grupos que abarcan más de 20 empresas, además precisó que esa dependencia tiene acumulados cerca de 2 mil 500 juicios y la cartera de litigios por año “no rebasa más allá de los 800 o 900”.
Destacó que no existe una disposición legal que impida a las autoridades realizar devoluciones de impuestos, pues “eso lo conceden las leyes y así es el diseño que tenemos hoy en día”.
En su opinión, la Constitución protege la información sobre las condonaciones de créditos fiscales, debido a que se trata de datos personales y la Suprema Corte ha establecido los límites de hasta donde revelar este tipo de documentación.
En su turno, José Genaro Ernesto Lunas Vargas dejó en claro que cualquier funcionario público que incumpla o haga mal uso de sus facultades será sancionado.
Hizo notar la necesidad de profundizar el combate a la corrupción dentro de instituciones fiscales y de  vigilar que las auditorias se realicen de acuerdo con la normatividad establecida.
Por otro lado, refirió que en 2010 se realizaron más de mil aseguramientos de mercancías de procedencia extranjera, lo que significó el decomiso de 16 millones de productos, además se incautó más de un millón de medicamentos falsos o caducos.
Ante este tipo de problemas, consideró necesario trabajar conjuntamente con el Congreso, a efecto de combatir la corrupción y dejar en claro que “cualquier acto de este tipo debe ser castigado”.
En tanto, Alejandro Chacón Domínguez reconoció que no tiene “ninguna experiencia aduanera” pero “he trabajado en los 16 puertos del país llevando la coordinación de los mismos en donde se ha tenido una interacción permanente con las aduanas”.
En ese lapso --agregó-- me enfoqué a mejorar la seguridad de los principales puertos del país donde se mueve el 95 por ciento de la carga que llega en contenedores.
Dijo que su experiencia laboral en la Agencia Kroll le permitirá contar con herramientas “que son útiles para este tipo de trabajo”, como el desarrollo de modelos de riesgo o comportamiento de empresas o personas físicas para detectar cualquier “actividad sospechosa”.
En su oportunidad, Jaime Eusebio Flores Carrasco expuso que al año se registran 30 mil juicios de pequeños contribuyentes por montos que van desde 2 mil a un millón de pesos.
Hizo notar que más del 50 por ciento de las querellas son ganadas por las autoridades fiscales, sin embargo, la autoridad se ve “limitada” para implementar una acción que disminuya los litigios.
Ante este panorama, propuso fortalecer los mecanismos existentes para evitar estos procedimientos legales y, en su caso, ganar más juicios.
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