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El Senado de la República expresó su más enérgica condena por la violación de la que fueron víctimas seis mujeres de nacionalidad española en el estado de Guerrero, el pasado fin de semana.

De igual manera, solicitó a las autoridades competentes que realicen las tareas de investigación y sanción de quienes resulten responsables y reparen el daño a las víctimas.

El pleno pidió a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero y  a la CNDH que se coordinen y proporcionen la atención adecuada a las víctimas, así como den seguimiento puntual a la actuación de las autoridades y al avance de las investigaciones.

Asimismo, solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales que realicen las acciones conducentes, a efecto de prevenir, perseguir, castigar y reparar los delitos de violencia contra las mujeres de todas las edades, especialmente en aquellos que impliquen violencia sexual.

Los senadores también exhortaron a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que revisen los tipos penales y códigos locales, a fin de avanzar a una armonización legal que sancione la violencia sexual hacia las mujeres.

Pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mantenga comunicación constante con las autoridades encargadas de la investigación, a efecto de informar al gobierno de España sobre el curso de la misma.

Al respecto, la senadora priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano manifestó que lo acontecido “no debe pasarse por alto y mucho menos podemos aceptar declaraciones como la del alcalde Luis Walton, quien en rueda de prensa dijo que es muy lamentable lo que ha pasado pero eso sucede en cualquier parte del mundo”.

Es lamentable --expresó-- que esta haya sido la postura de un servidor público ante un delito tan deleznable pero también se reconoce y celebra que haya rectificado y ofrecido una disculpa por tal motivo.

La senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza consideró que lo ocurrido en Guerrero debe “alarmarnos” a todos porque no sólo se daña la imagen de este destino turístico sino de México en el exterior, y por ello, se debe evitar que “surjan chivos expiatorios o que se haga una investigación al vapor”.

Dijo que es necesario recordar que con “lágrimas de cocodrilo” no se gobierna, pues el problema de inseguridad comienza en desestimar y minimizar las afectaciones que sufren los ciudadanos o en considerar que el respeto a los derechos humanos puede quedar en un segundo plano.

En tanto, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez indicó que en México sólo el 10 por ciento de las mujeres que son víctimas de violación se atreven a denunciar ante las autoridades este delito y “ésa es la realidad a lo largo y ancho de nuestro país”.

Lo anterior, --resaltó-- refleja un problema estructural “muy grave” y significa debemos ocuparnos  en que exista una política pública que resuelva este problema y reconozca a las mujeres como sujetas de derechos y no como objetos sexuales.

Por el PVEM, la senadora María Elena Barrera Tapia mencionó que se deben castigar a los culpables y encontrar los mecanismos necesarios que garanticen que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir.

Dejó en claro que es una obligación del Estado proteger a las mujeres y establecer las condiciones básicas para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En su turno, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del PT, señaló que Acapulco, Guerrero es uno de los principales centros turísticos del país y ahora se encuentra menguado por el ataque sistemático de la delincuencia, por lo que la violación de las turistas españolas tendrá repercusiones.

Consideró que es hora de que los ciudadanos sumen esfuerzos y se organicen  “no para linchar sino para perder el miedo, denunciar, prevenir y buscar una estrategia para que no caigamos más en policías o empleados vinculados al narcotráfico”.

Por último, el senador perredista Rabindranath Salazar Solorio dijo que estos hechos ponen en contexto la alarmante situación de inseguridad que vive una gran parte del país.

 

 

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