La Cámara de Senadores aprobó en lo general reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, que fortalecen las atribuciones de la COFECO para convertirla en organismo descentralizado, y establecen drásticas sanciones económicas y hasta prisión a quienes incurran en prácticas monopólicas.
La instancia legislativa avaló con 55 votos a favor, 53 en contra y una abstención la minuta que reforma dicha Ley y los códigos Penal Federal y Fiscal de la Federación, a fin de fortalecer y hacer más eficiente el sistema de regulación en materia de competencia económica.
Al apoyar el dictamen, el senador Eloy Cantú Segovia mencionó que fueron seis los cambios al proyecto de la colegisladora, para que la Comisión Federal de Competencia Económica “tenga más dientes” y sea un órgano autónomo, imparcial e independiente del Ejecutivo federal.
“Se buscó que la COFECO tuviera mayor capacidad de sanción y establecer penas más severas” para el agente económico que cometa prácticas monopólicas relativas o absolutas, agregó el legislador priista y presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
En este sentido, precisó que hay multas de hasta el ocho por ciento de los ingresos anuales para quien realice prácticas monopólicas relativas y hasta el 10 por ciento de los ingresos anuales y la posibilidad de tres a 10 años de prisión para aquel agente económico que cometa prácticas monopólicas absolutas.
“Nuestra posición ha sido: sí, más capacidad de sanción a la COFECO, pero al mismo tiempo que el órgano sea autónomo e independiente, a fin de que tenga más imparcialidad y mayor capacidad de tomar decisiones propias y no ser influido por el Ejecutivo”.
Con los cambios, se elimina la figura de la suspensión como medida cautelar, “teniendo a la vista que el incremento sustancial de las sanciones económicas previstas en la minuta, constituye un incentivo suficiente para no realizar prácticas anticompetitivas de manera deliberada”.
En materia de sanciones, se propone incrementar las mismas a través de una nueva base de cálculo que toma en cuenta los ingresos del agente económico, para convertirlas en un factor disuasivo de las prácticas que afecten la competencia y libre concurrencia.
De esta manera, se podrán aplicar multas que van desde el equivalente a 175 mil hasta un millón 500 mil veces el salario mínimo vigente por haber declarado falsamente o entregar información falsa a la Comisión, o no declaren ingresos acumulables para efectos del ISR.
Además, se multará por el equivalente a 5, 8 y 10 por ciento de los ingresos del agente económico, al que incurra en prácticas monopólicas absolutas, relativas y en alguna concentración prohibida por la Ley.
Con las reformas al Código Penal, se sancionará con prisión de 3 hasta 10 años y con mil hasta 3 mil días multa, a quien manipule o eleve el precio de venta o compra de bienes, divida segmentos de un mercado o fije posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas.
A nombre de Acción Nacional, el senador Santiago Creel Miranda presentó un voto particular en contra del dictamen porque “pensamos que baja el estándar y debilita el combate en contra de los monopolios y descafeína la minuta proveniente de la Cámara de Diputados”.
“Queremos –expresó-- ver un organismo plenamente autónomo, que tome las decisiones sin tomar en cuenta a los intereses creados por los grupos monopólicos o de cartel que tenemos en el país, pero no estamos de acuerdo que tenga que ser necesariamente a través de un organismo descentralizado”.
Esta medida, señaló, tiene “problemas de carácter constitucional, porque un organismo descentralizado no es una autoridad que pueda emitir sanciones; ahí está el primer problema”.
Sobre la figura de poder sustancial conjunto, establecida en el dictamen, Creel Miranda afirmó que “se anularía la posibilidad de poder probar que dos o más agentes económicos, que por separado no tienen un poder sustancial en el mercado, sí lo tengan cuando se juntan”.
Su compañero de bancada, Jorge Ocejo Moreno manifestó que “en el proceso de dictaminación de las reformas a la Ley Federal de Competencia se ha incurrido en una serie de faltas a las disposiciones establecidas en el reglamento del Senado”.
Afirmó que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por sí sola y sin consultar en ningún momento a la de Estudios Legislativos, convocó a la sesión para dictaminar con sólo unas horas de antelación y sin haber enviado a sus miembros el proyecto de dictamen con la anticipación debida”.
Al hablar a favor del dictamen, la senadora priista Amira Griselda Gómez Tueme afirmó que una política de Estado en materia de competencia económica es fundamental para hacer de éste un país más competitivo.
Explicó que el dictamen trata de inhibir las conductas anticompetitivas que afectan a los consumidores y merman el fortalecimiento de los mercados nacionales, “pero evidentemente no se trata de acabar con empresas que generan los empleos que tanta falta le hacen a este país”.
Al pronunciarse en contra, el senador panista Juan Bueno Torio coincidió en que los órganos reguladores del mercado deben contar con mayor autonomía para poder ejercer sus funciones, “pero no es por la vía de crear un órgano descentralizado”.
Consideró que una reforma constitucional le daría mayor fortaleza a la Comisión Federal de Competencia; “y hoy no estamos planteando eso, sino un parche en la legislación federal para hacerla un órgano descentralizado que a todas luces perderá todo el poder y toda la fuerza de imponer multas y sanciones”.
También a favor, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez, subrayó que el problema de México es que su economía es la más monopolizada del continente y “no hay un país con mayor grado de monopolismo”.
Cada vez que se discute un proyecto, ya sea de impuestos al tabaco, sobre la Renta o Producción y Servicios nos encontramos con que hay empresas que son las que pretenden dictarle al Congreso las condiciones, recalcó el legislador.
Sostuvo que en “la inmensa mayoría de las estructuras monopolistas en México son creaciones del poder político formal”.
A su vez, el senador Rubén Camarillo Ortega, del PAN, expresó: “nos dicen que son razones del partido en el gobierno para tener control político en las empresas, el motivo de nuestra oposición a los cambios de la minuta que viene de la Cámara de Diputados”.
Sin embargo, no hay razones partidistas “porque la Cámara de Diputados tiene una minuta aprobada por unanimidad y con la participación de la mayoría priista”.
Por su parte, el senador del PRI, Raúl Mejía González, señaló que las reformas propuestas son acordes con las necesidades del país, “pues nadie puede negar que el fortalecimiento de la competencia económica es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los consumidores”.
“Requerimos instituciones que persigan el delito, no de forma discrecional ni en función de intereses de grupo, sino conforme a un marco legal claro y consistente con las mejores prácticas internacionales”, asentó.
En el debate en lo particular, se presentaron inicialmente 27 reservas, de las cuales se aprobaron cambios a los artículos 24, 26, 28, y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, así como al 254 Bis del Código Penal Federal y Tercero Transitorio.
Por falta de quórum se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar este jueves 9, a las 11:00 horas, para continuar la discusión del dictamen en lo particular.
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